Los familiares de secuestrados políticos denunciaron que los patrones de torturas se han incrementado, según constataron en cada una de las visitas que realizaron el pasado 28 de abril.
A través de un comunicado, los familiares denunciaron falta de acceso a la salud de forma oportuna y que los secuestrados políticos son atendidos cuando llegan a niveles extremos.
“Nuestra preocupación se incrementa en los casos de las personas con enfermedades crónicas o que requieren atención médica especializada. Hemos identificado un patrón de diagnósticos errados, sobre medicación y medicación inadecuada o contraindicada”, señalan añadiendo que los medicamentos han provocado hasta quemaduras de primer grado.
También denunciaron problemas cardíacos y de presión arterial como es el caso de Juan Lorenzo Holmann, Miguel Mendoza, entre muchos otros; abordaje inadecuado a la salud mental, como es el caso de Víctor Hugo Tinoco, quien estuvo tres semanas sin recibir su medicamento prescrito para la ansiedad, lo cual le causó crisis depresiva todo ese período.
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“Aparición cada vez más reiterada de problemas en la piel, adquiridos por las condiciones de absoluta insalubridad en la que se encuentran, lo que provoca infecciones por hongos, eczemas y hasta despigmentación. Deterioro y falta de abordaje de la salud dental, como es el caso de Violeta Granera, quien lleva 11 meses sin contar con su dentadura”, señalan los familiares.
Aislamiento a secuestrados políticos continúa
Denunciaron que muchos secuestrados están en celdas de castigo, aislamiento y en algunos casos en solitario.
Por otro lado, la alimentación es insuficiente y señalan que los secuestrados políticos están pasando hambre.
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“Y corroboramos nuevamente aceleradas pérdidas de peso consistentes con estados de desnutrición, como es el caso de Tamara Dávila, quien calculamos pesa ya menos de 100 libras”, señalan.
Alertaron, además, de la consolidación de una política de castigos y control que busca acallar sus voces y que cesen de demandar derechos.
Destacan que los castigos se han vuelto más frecuentes y van desde chantaje emocional, amenazas de trasladarles a celdas más pequeñas y con peores condiciones y entrega discrecional de paquetería que deriva incluso en privación de medicamentos, bebidas y hasta papel higiénico.
Ante esto, los familiares demandan atención médica, cumplimiento del régimen de visitas, entrega de material de lectura, condiciones de higiene, manejo de paquetería, cese de la reclusión, cese del aislamiento y cambio de régimen carcelario a casa por cárcel.