Los diputados sandinistas del Parlamento cancelaron con 75 votos a favor 15 abstenciones y uno en contra, la personería jurídica de 25 Organizaciones no Gubernamentales, entre estas, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, último organismo defensor de derechos humanos que operaba en el país.
En esta nueva ilegalización de organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua están incluidas la “Fundación Luisa Mercado” que dirige el escritor Sergio Ramírez Mercado, en el exilio producto de la persecución política y la “Asociación para el Desarrollo de Solentiname”, fundada en 1982 por el fallecido poeta Ernesto Cardenal, a quien la dictadura asedió hasta la muerte.
El motivo de cancelación es que no se registraron como agentes extranjeros y supuestamente no reportaron estados financieros y documentos adminsitrativos ante el Ministerio de Gobernación.
En la lista también se incluye a la Fundación Coen, del empresario Piero Coen; la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera y la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular.
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La Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales, y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad Civil, son otras oenegés forzadas al cierre.
Según el Ministerio de Gobernación estas organizaciones, no reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.
Revisarán a más organizaciones
El diputado sandinista Gustavo Porras, dijo que en “algún momento vamos a presentar, se va a discutir porque hay decenas” de organizaciones que son microfinancieras o financieras que están registradas en la Superintendencia de Bancos y en la Comisión Nacional de Microfinancieras y que no son oenegés sin fines de lucro.
“Asimismo vamos a ver esas 29 para revisar y hacer una valoración de cómo podemos, sí acaso hubiera alguna que no está inscrita como podemos hacer si es darle un tiempo perentorio, si es que la misma ley les dé la posibilidad de tener una continuidad sin solución para que sus obligaciones continúen”, expresó Porras.
La víspera, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, desmintió los argumentos de la funcionaria sandinista Franya Urey Blandón, responsable de registro de las Organizaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, quien asegura que la institución defensora de Derechos Humanos no ha cumplido con sus obligaciones ante el Estado.
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Según el fundamento legal presentado por el sancionado presidente del Parlamento, Gustavo Porras, el 6 de abril, Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, remitió a Porras un informe solicitando la anulación de las personerías jurídicas debido a que las organizaciones no presentaron estados financieros ni actualizaron sus juntas directivas.
Marcos Carmona, Secretario de la CPDH, aseguró que el Ministerio de Gobernación no recibió los Estados Financieros que la misma dictadura señala que no se entregaron. “Lo que buscan es que no haya en el país ni un solo organismo de derechos humanos que documente los abusos que hacen contra la población”, dijo Carmona.