La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Michelle Bachelet, presentó este lunes 7 de marzo, la actualización del informe sobre la crisis en Nicaragua, destacando que la dictadura sandinista no ha implementado las recomendaciones del organismo para solucionar la crisis.
La actualización, que comprende entre el1 de enero y 31 de diciembre de 2021, documenta los procesos arbitrarios contra secuestrados políticos, el ambiente de hostigamiento y represión contra activistas políticos, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.
Reconozco los esfuerzos del gobierno para alcanzar algunos de los objetivos el desarrollo sostenible, especialmente en la igualdad de género y el gasto en educación y salud.
Me preocupa que continúe sin rendirse cuentas de las violaciones a derechos humanos desde 2018. Mi oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, que estuvieron caracterizadas por las restricciones a los derechos civiles y políticos.
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En ese sentido, Bachelet, quien envió un corto video a la sesión y no estuvo presente en la misma, destacó que registró agresiones a 20 mujeres y seis hombres. Además, cuatro defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente.
Por otro lado, mostró preocupación por la anulación de personerías jurídicas a organizaciones civiles y universidades, a la vez que hizo hincapié en el deterioro físico y mental de los secuestrados políticos.
“12 universidades y 16 ONG han sido canceladas por la Asamblea Nacional, sin que sus representantes ejercieran su derecho a la defensa. Varios detenidos han sufrido deterioro físico en los últimos meses. Muchos de ellos se encuentran en el Complejo Evaristo Vásquez, en violación a las garantías del debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas”, señaló Bachelet.
“Observo con preocupación la reanudación de los juicios y las duras sentencias aplicadas sin el debido proceso. Insto a derogar las leyes aprobadas, en particular la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Soberanía y armonizar la legislación penal en línea con los derechos humanos”, añadió.
Bachelet reconoce supuestos «avances» de la dictadura
No obstante “reconoció” algunos “esfuerzos” de la dictadura sandinista en el marco del desarrollo sostenible.
“Reconozco los esfuerzos del gobierno para alcanzar algunos de los objetivos el desarrollo sostenible, especialmente en la igualdad de género y el gasto en educación y salud”, señaló Bachelet.
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El informe también destaca que más de 40 mil nicaragüenses han abandonado su país ante el contexto de inseguridad y consideran que la cifra podría incrementar si no se soluciona la crisis.
Alemania señala a Nicaragua como Dictadura
El representante de Alemania ante la ONU instó a Bachelet a reconocer al régimen sandinista como una dictadura.
“Tenemos que llamar las cosas por su nombre y Nicaragua se está convirtiendo en una dictadura que adopta una política para acabar con organizaciones de oposición, universidades privadas. Alemania pide al gobierno que vuelva a la senda de la democracia y reanude el diálogo y cooperación con los órganos de derechos humanos”, señaló Alemania.
La terminología causó malestar en la representante de Nicaragua en la ONU, quien “pidió respeto” y aseguró que el régimen sandinista no es una dictadura.
“Por favor, respeten a nuestro país, no somos ninguna dictadura. Ocupen el lenguaje adecuado de este Consejo”, dijo.
Por otro lado, Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General y representante de Nicaragua en la sesión de la ONU, se pronunció a través de un mensaje en vídeo, rechazando el informe presentado por Bachelet.
“Desaprobamos las fuentes utilizadas para la elaboración del análisis, respecto a las llamadas actualizaciones, informaciones, que lejos de recopilar información veraz, recogen únicamente las voces de algunos sectores”, dijo Morales.
Familiares de presos políticos se pronuncian
Julio Sandino, hijo de Violeta Granera; y Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, se pronunciaron en la sesión señalando los tratos inhumanos de sus familiares que se encuentran secuestrados.
“Pese a una infinidad de llamados, el Estado de Nicaragua se niega a liberar a las personas detenidas que únicamente exigían una Nicaragua en democracia. La situación de los presos políticos es angustiante Una mujer de 70 años, con una serie de padecimientos crónicos propias de su edad y que lleva más de ocho meses durmiendo en una cama de concreto y que por la mala atención ha perdido parte de su dentadura y ha bajado más de 30 libras. A esto se suma los constantes interrogatorios”, dijo Sandino.
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“Reitero la inocencia de mi esposo, condenado por el delito de Menoscabo a la Integridad Nacional. Tuve que huir de Nicaragua desde que fue sacado de la casa desde hace 272 días. Desde ese momento, no he tenido contacto con él. Además, sus familiares en Nicaragua solo lo han visto en cinco ocasiones”, señaló por su parte, Cárdenas.
Por otro lado, Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cendih, también señaló que el régimen mantiene a 167 personas secuestradas.
“Respaldamos el informe que concluye en reforzar la rendición de cuentas. Nuestras organizaciones han monitoreado y documentado y acompañado a víctimas de la represión. 167 personas permanecen como prisioneras y deben ser liberadas inmediatamente”, expresó Núñez.