Los diputados sandinistas del parlamento en Nicaragua, aprobaron un decreto de cancelación de seis organizaciones no gubernamentales, entre estas PEN Nicaragua, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
Con 75 votos a favor, 11 abstenciones y cinco presentes, fue aprobada la iniciativa de ilegalización de las organizaciones sin fines de lucro, con las que la dictadura alcanza 80 entidades canceladas, entre organizaciones de derechos humanos, universidades, centros de estudio, centros de promoción social, organizaciones médicas, entre otras.
Las organizaciones canceladas son:
1-Fundación para la promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez, Blanca Aráuz, FUNDEMUNI, aprobada mediante decreto 1126, publicado en la Gaceta Diario Oficial en 1995.
2-Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, aprobada en 1991 y que dirigía el doctor Álvaro Leiva, exiliado en Costa Rica producto de la persecución política en su contra. Leiva se destacó por rescatar a secuestrados por la dictadura en las primeras semanas de represión, sobre todo en Masaya.
3-Asociación de Mujeres Trabajadoras y desempleadas, María Elena Cuadra, dirigida por la activista Sandra Ramos, cuya personalidad jurídica fue aprobada en 1995. Ramos fuerte crítica del régimen de Ortega, participó en el diálogo nacional, representando al sector laboral en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
4-Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la infancia, aprobada en 1990.
5-Fundación iberoamericana de las Culturas, FIBRAS, aprobada en 2001.
6-Asociación Pen Internacional, aprobada en 2005 y que era dirigida por la escritora disidente del Frente Sandinista, Gioconda Belli.
Solicitud de cancelación presentada a Filiberto Rodríguez
La solicitud fue presentada con trámite de urgencia, el 11 de febrero de 2022, por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, luego que la responsable el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, Franya Urey Blandón presentara ante la solicitud.
La exposición de motivos, disponible en el sitio web del Parlamento, establece que las asociaciones incumplieron sus obligaciones.
“Estas seis asociaciones o fundaciones han incumplido sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de Lucro, Ley sobre personas sin fines de lucro, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, Ley de Agentes extranjeros”, señala.
El documento añade que las entidades canceladas tenían la obligación de presentar sus estados financieros conforme los períodos fiscales, la lista de Jutas Directivas y el origen de las donaciones provenientes del exterior.
“Con estas acciones señaladas, las seis asociaciones han obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, debido a que al no reportar sus informes financieros, no promovieron políticas de transparencia en la administración de fondos”, añade la exposición de motivos.
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Por otro lado, señala que el Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación de las inscripciones en un plazo no mayor a las setenta y dos horas, solicitando a los representantes legales de las entidades que entreguen los libros de ley, el sello y demás documentos que requiera Gobernación.
“Los bienes y acciones que pertenezcan a las Asociaciones/Fundaciones, tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia”, señala.
Desde 2018, la dictadura ha ilegalizado a al menos 87 oenegés a través del Parlamento dominado por diputados sandinistas.