El exfiscal del Ministerio Público de Nicaragua, doctor Julio Montenegro dijo que las acusaciones que ha emprendido esa entidad en contra de Cristiana Chamorro, carecen de fundamentos porque la procedencia del dinero es justificado por la cooperación internacional de la que el mismo Estado es beneficiario.
El doctor Julio Montenegro, abogado Defensor del Pueblo, manifestó que la acusación que el Ministerio Público en contra de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial y que procura ser inhibida de manera oficial para optar a cargos públicos por el presunto delito de lavado de dinero, carece de fundamentos, pues los mismos funcionarios de la Fiscalía han manifestado que los fondos de financiamiento son transparentes.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó el martes al Ministerio Público que acusara a Cristiana Chamorro por lavado de dinero para sacarla del proceso electoral. Chamorro por disposición de Ortega que maneja el poder judicial ha quedado inhabilitada para ocupar cargos públicos, por encontrarse en un proceso penal inventado por el presunto delito de lavado de dinero, bienes, activos y otros, en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. https://cafeconvoz.com/2021/06/01/dictadura-acusa-a-chamorro-y-la-inhibe-como-posible-candidata/
Karen Chavarría Moráles, titular del juzgado noveno de distrito penal, es quien llevará el caso contra precandidata, luego que a las 6:20 minutos de la tarde del martes primero de junio, el fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, presentó acusación formal contra María Cristiana Chamorro Barrios, bajo la ley 735 que persigue el lavado de dinero.
La hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, reaccionó la noche del martes indicando, que no ha llegado a ser candidata oficial y que ya han decidido inhibirla. «Le tienen miedo al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república», indicó.
Porque no existe el «lavado»
El doctor Montenegro manifestó que cuando se abre una investigación por lavado de dinero, se deben de tomar en cuenta lo que establecen las normas jurídicas, sobre todo, conocer que el dinero o bienes que administra el imputado es de origen ilícito, pero en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, (FVBCh), que estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro, tiene detallado que la fuente del dinero que recibían, provenían de cooperantes internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
Montenegro acompañó el lunes, 1 de junio a la periodista Patricia Orozco, exdirectora del programa radial Onda Local, quien también recibió apoyo técnico y capacitaciones de parte de la FVBCh, y que fue citada, al igual que unos 20 periodistas más, a dar sus declaraciones en torno al apoyo recibido por la oenegé.
“No debería de procederse en una investigación por supuesto lavado de dinero, porque eso significa que el origen del capital es de origen ilícito; un excolega (Manuel Rugama) es el que está al frente de la investigación; la insistencia era sobre el aspecto de los fondos, las preguntas era si la Fundación les daba un orden, Patricia respondió que no… había insistencia de preguntas de carácter incriminatorio”, relató.
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Fiscalía sabe que fondos son transparentes
Para el Defensor del Pueblo, desde que la USAID y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se dijo que no se habían encontrado indicios que sus fondos dirigidos a la FVBCh fueran dirigidos a otros fines para hacer lavado de dinero, la investigación que hace el Ministerio Público tiene suficientes argumentos para descartar que se esté haciendo un ilícito, pues el sistema financiero internacional ya lo hubiera detectado y manifestado.
“Si ese dinero que es proveniente de actividad ilícita desde ahí se cae, porque el mismo fiscal dijo que ese dinero venia de USAID, la misma Fiscalía y policía recibe fondos de ese organismo”, explicó Montenegro.
Asimismo, el jurista manifestó que la imputación de cárcel preventiva para los dos excolaboradores de la FVBCh, Marco Fletes, excontador y Walter Gómez, exadministrador; podría estar sujeta a demanda de indemnización por provocar daños a la reputación de las personas.
“La reforma al Código Procesal Penal que establece 90 días para investigación de una persona, es un retroceso, porque si esta persona no es responsable, se le quitan varios derechos a la persona como el de la libertad… Hay cuestiones que pueden estar sujetos a indemnización a nivel estatal, por el hecho de prevaricado o acusación falsa”, dijo Montenegro.
Además, dijo que por medio de la recién aprobada reforma al Código Procesal Penal, se permite que una persona sea detenida antes de iniciar cualquier investigación, cuando antes ocurría lo contrario. “La audiencia de garantía es algo que ha cambiado la reforma al Código Procesal Penal, ahora te detienen antes de investigarte; se transgreden y se violenta principios fundamentales”, expresó.
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Fiscales obedecen ordenes políticas
Al finalizar, el exfiscal del Ministerio Público resaltó que sus colegas actúan en intención de querer implicar a los entrevistados en el caso de la investigación, haciéndoles preguntas intencionadas para que los citados ante la Fiscalía digan algo en contra de Cristiana Chamorro.
“Se supone que la persona que va a hacer una entrevista tiene que ir despojado de cualquier parcialidad, pero no dirigir preguntas para que responda en algún sentido y girar para terminar acusando”, instruyó.
De acuerdo con Montenegro, la misma Fiscalía recibía fondos de USAID a través de donaciones de equipos tecnológicos y mobiliarios, por lo que desde esa institución que ahora obedece ordenes del FSLN, se debería de manejar que los recursos provienen de entidades serias a nivel internacional.