Un grupo de más de 30 organizaciones cívicas dentro y fuera de Nicaragua, pidieron hoy a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, (OEA) que en la sesión del miércoles 12 de mayo “se declare la ilegitimidad del Régimen Ortega Murillo por la serie de violaciones constitucionales para obtener su irregular e ilícita reelección presidencial de 2011 y 2016”.
Mediante una carta pidieron que sea leído y aprobado el informe de la Comisión Especial de Alto nivel de la OEA y que se convoque a una Reunión Extraordinaria de Cancilleres en fecha a más tardar de junio 2021 para someter a consideración este tema.
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Esta declaración está basada en “la ilegitimidad de origen y de ejercicio del dictador Daniel Ortega y su cónyuge Rosario Murillo por los fraudes acumulados en diferentes procesos electorales como por las graves violaciones constitucionales y a derechos humanos cometidas por este régimen desde hace más de 40 años y en particular por los asesinatos, crímenes y delitos con indicios de lesa humanidad en contra de los nicaragüenses a partir del 2018, los cuales fueron certificados tanto en el informe del GIEI como de la Comisión Especial de Alto Nivel conformada por mandato de la Asamblea de Cancilleres reunidos en Medellín en 2019; comisión y grupo a los cuales el régimen les cerró las puertas e impidió siquiera que entraran al país al igual que el hecho de que el régimen expulsó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en las vísperas de dar a conocer el informe de los crímenes y delitos cometidos por el régimen Ortega Murillo y sus escuadrones”.
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Explicaron que con la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral afines al partido y la falta de reformas electorales creíbles, la dictadura de Ortega “está cerrando las puertas a una salida electoral, cívica y pacífica con la transparencia, libertad, observación y estándares internacionalmente aceptables; y reta temerariamente a la comunidad internacional mostrando una absoluta falta de voluntad política para resolver la grave crisis sociopolítica, económica y sanitaria del país”.
También piden considerar que posteriormente se pueda aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana; que esa misma Reunión Extraordinaria de Cancilleres resuelva sobre “el desconocimiento y la ilegitimidad del proceso electoral en marcha y de cualquier resultado de ese proceso electoral en el caso de que no se cumplan las condiciones y garantías democráticas previas que en diferentes momentos y formas han sido presentadas al régimen de Nicaragua”.
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Las organizaciones exigieron al régimen Ortega Murillo el cumplimiento de los acuerdos de marzo de 2019, de la Resolución de la OEA de octubre de 2020 y en particular, “de inmediato la liberación de los más de 120 reos políticos y demandar el respeto a los derechos humanos del pueblo de Nicaragua incluyendo los derechos de marcha y protesta cívica, el derecho de movilización, información, expresión, derechos electorales y políticos”.
Una vez más pidieron a la OEA que insista en que Ortega permita el inmediato ingreso a Nicaragua de los organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH, MESENI, GIEI, OACNUDH y Parlamento Europeo para que verifique las violaciones de derechos humanos en el país que desde 2018 han dejado más de 320 civiles muertos por ataques de policías, paramilitares y grupos de choque que usaron armas facilitadas por el Ejército.