La Comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó una resolución sobre derecho a la nacionalidad, la prohibición de privación arbitraria de la misma y apatridia con el fin de orientar a los Estados, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros actores relevantes, en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia.

La CIDH en conjunto con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, incorporó a lo largo de siete secciones de la resolución, los principios generales aplicables de manera transversal; desarrolla el alcance de la protección del derecho a la nacionalidad, las modalidades para su adquisición y pérdida, y las obligaciones respecto de la prohibición de privación arbitraria.

Asimismo, describe las disposiciones para prevenir, reducir y erradicar la apatridia, e incorpora disposiciones para la protección de las personas que se encuentran en una situación similar a las personas apátridas.

Según un comunicado de la CIDH, también existen las garantías del debido proceso en los procedimientos relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad y la prevención, reducción y erradicación de la apatridia.

Además, alienta a los Estados a adherirse a los tratados internacionales en la materia.

La resolución se complementa con la Resolución No. 04/19 de la CIDH que contiene los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas.

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“La Resolución es el resultado del trabajo de los últimos años, de la CIDH en los que ha observado con preocupación desafíos relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad”, señala el comunicado.

Agrega además que han identificado casos de denegación de retorno de personas a su país de nacionalidad. En este contexto se encuentra Nicaragua, país en el que la dictadura sandinista niega el ingreso a sus ciudadanos.

Además, ha advertido sobre los desafíos en contextos migratorios y de desplazamiento forzado. Las dificultades para acceder a un estatus migratorio regular y a documentos de identificación vigentes que acrediten la nacionalidad aumentan el riesgo de apatridia a lo largo del continente.

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