La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (OACNUDH), presentó su informe rápido 12 sobre Nicaragua correspondiente al mes de agosto de 2023, en el que destacó que el régimen obstaculiza la reunificación familiar de menores de edad hijos de las 316 personas que fueron desnacionalizadas en febrero de 2023.
“Llama la atención que, pese a que el Estado ha declarado la inexistencia de 316 personas, a fin de que los niños y niñas puedan reunificarse con sus padres en el extranjero, se les está exigiendo un permiso que debe ser tramitado en los consulados nicaragüenses por el padre o la madre que se encuentra en el exilio”, señala el informe.
La Oficina destaca que estos permisos son casi imposibles de obtener, ya que, en este caso, Nicaragua no reconoce a los padres como sus nacionales, negando estos documentos, y por ende, haciendo casi imposible la garantía del derecho a la reunificación familiar.
Incremento en la negativa de ingreso al país
También el informe registró el incremento en la negativa de ingresos al país para nicaragüenses. Abril fue el mes con más negativas de ingreso. Según el informe, al menos 22 personas fueron privadas de retornar al país, de estos, 10 hombres y 12 mujeres. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023, el régimen ha negado el ingreso al país a 76 nicaragüenses.
En agosto, se registraron diez negativas de ingresos a seis hombres y cuatro mujeres.
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Además, se han deportado a al menos 25 personas extranjeras, 21 hombres y cuatro mujeres entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.
“La Oficina ha observado en muchos de los casos de deportación y prohibición de ingreso, la vulnerabilidad en la que se encuentran personas y familias completas en los países donde deben permanecer por no poder regresar a Nicaragua, al no contar con redes de apoyo, recursos económicos, garantía a sus derechos al acceso a una vivienda adecuada, a trabajo, educación y salud”, señala el informe.
“La OACNUDH ha documentado patrones sistemáticos de violaciones, por parte del Estado de Nicaragua, en particular al derecho a la libertad de circulación, a la elección libre de la residencia en el territorio, y a salir y a regresar al país, tanto de nacionales como de extranjeros a quienes el gobierno considera como voces disidentes”, añade el informe.