El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso, se pronunció en rechazo a la confiscación Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en Managua, ejecutado por la dictadura sandinista este 25 de septiembre.

“El Gobierno del Ecuador condena y lamenta la cancelación de la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en Nicaragua.  Se trata de una institución que ha servido para la formación de miles de latinoamericanos y que hoy es afectada por un régimen autoritario”, señaló el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso en su cuenta de X.

Además, llamó a la comunidad internacional a “estar vigilantes” ante las acciones de la dictadura de Nicaragua.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes sobre las decisiones de un gobierno que atenta contra los derechos humanos de los hermanos nicaragüenses. Nuestra solidaridad con el Incae”, añadió.

La cancelación del Incae desató una serie de críticas de personajes de alto perfil, como la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien calificó de “arrebato” la decisión de la dictadura.

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“En un arrebato más de arbitrariedad e insensatez el régimen Ortega Murillo cancela personería jurídica de INCAE en  Nicaragua y toma sus instalaciones”, escribió la exfuncionaria en su cuenta de X.

Dictadura cancela personería “por incumplimientos financieros”

El Ministerio de Gobernación aseguró que de acuerdo a Dictamen Legal emitido por la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, para la Cancelación de Personalidad jurídica y de Registro, el organismo ha incumplido sus obligaciones conforme lo establecido en las leyes.

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“No han presentado sus Estados Financieros 2020, 2021 y 2022, así mismo se detectaron Inconsistencias en los Estados Financieros de los periodos 2015-2019, se incumplieron los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”, señala la publicación de La Gaceta en la que hacen oficial la confiscación.

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