La Procuraduría General de la República de Nicaragua, al servicio de la dictadura, citó a las personas que se encuentran en uso de los bienes que el régimen confiscó a los despatriados, a que se presenten a la entidad para “formalizar su estatus ocupacional”.
“La Procuraduría General de la República de Nicaragua, como Representante Legal del Estado, se refiere a las propiedades decomisadas, con base a Resoluciones Judiciales emitidas por jueces de Distrito Penal, que fueron dadas a conocer por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua, el 15 de febrero del presente año, al amparo de la Ley Nro 1055, Ley 1145 y Código Penal de la República de Nicaragua”, señala un comunicado de la Procuraduría General de la República.
“Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua, su estatus ocupacional”, añade el comunicado.
La comunicación se da a conocer casi quince días después que la dictadura iniciara la confiscación de propiedades a los nicaragüenses que despojó de su nacionalidad.
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El 18 de febrero, la dictadura confiscó el condominio Amazonía, donde residían la activista Azahalea Solís y la periodista Sofía Montenegro, en Managua. Ambas formaban parte de los nicaraguenses a los que la dictadura despojó de su nacionalidad.
Al resto de habitantes del condominio, el régimen les solicitó una tarifa de 500 dólares mensuales para seguir ocupándolo.
El pasado 15 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, arrebató la nacionalidad a 94 nicaragüenses, incluyendo periodistas como el director de Café con Voz, Luis Galeano y religiosos como el obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, así como activistas y defensores de derechos humanos, a quienes tachó de “traidores de la patria”, según difundieron los medios de comunicación propiedad de la familia dictatorial.
Una declaración firmada por Ernesto Rodríguez Mejía, Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, al servicio de la dictadura, señaló que los 94 declarados como traidores de la patria “continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”.