Las autoridades de Costa Rica deberían abrir nuevos procesos migratorios para los nicaragüenses que solicitan regularizar su estatus y pernoctan en las afueras de las instalaciones de la Dirección de Migración y Extrangería.

Daguer Hernández, ex subdirector de Migración de Costa Rica, en entrevista con Café con Voz, aseguró que las largas filas para optar a uno de los cincuenta cupos por día que habilitó la administración de Rodrigo Chaves, es una violación a los derechos humanos.

“Lo que se optó anteriormente fue eliminar la fila y hacer citas por llamadas telefónicas. Las filas se están eliminando en el seguro social por medio de una aplicación electrónica que programa citas. Se deben aprovechar más las herramientas tecnológicas y evitar que las personas sufran en las afueras de migración”, dijo Hernández.

A criterio de Hernández, la administración debe crear  nuevos procesos para regularizar el estatus de los migrantes que, de todas formas, se quedarán en Costa Rica.

“Deberíamos de comenzar a pensar en el acceso de personas migrantes en procesos más sencillos para regularizar el estatus migratorio, para que, en lugar de complicar el acceso, se les pueda ser más fácil acceder”, señaló

“Al final, son personas que se van a quedar en Costa Rica y la mejor forma en que puedan insertarse a la sociedad es regularizando sus estatus migratorios”, añadió.

No se debe complicar el acceso a protección internacional

A criterio de Hernández, el decreto de Chaves perjudica a quienes desean solicitar protección internacional al Estado de Costa Rica

“Si es cierto que se estaban acumulando casi 200 mil solicitudes de refugio. Esto no implica que se deba cambiar la forma de acceso a la protección internacional, sino abrir otra opción con la misma facilidad que las solicitudes de refugio”, señaló.

Hernández expresó además que la medida de evitar la salida de solicitantes de refugio de Costa Rica vulnera la incidencia de activistas en foros internacionales.

“La normativa afecta a solicitantes de refugio. Si afecta a quienes se dedican a una labor internacional de denuncia”, detalló.

Hernández señaló que para Costa Rica, los migrantes laborales no aplican al estatus de refugiado puesto que el país en su legislación no vincula el tema político con la migración por temas económicos.

“Nosotros no hemos ampliado el concepto de refugio a una población económica”, expuso.

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