Diputados de Costa Rica critican al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por ser dueño del 50% de las acciones de la empresa Telecomunicaciones de Nicaragua S.A. (TECOMUNICA), de la que también es dueño el dictador Daniel Ortega.

Esta empresa fue fundada en el año 2016, teniendo ICE una inversión de más de 2 millones de dólares. Fue hasta hace poco que varios diputados del parlamento costarricense conocieron está información, reclamado que con fondos públicos se realicen negocios con un régimen que viola los derechos humanos, reportó el medio CRHoy.

Un régimen que viola las libertades

El legislador Eli Feinzaig, se mostró inconformé con este negocio, asegurando que es “una barbaridad que una empresa costarricense haga una inversión con una empresa de un régimen dictatorial en una línea de negocios tan delicada como las telecomunicaciones”.

Feinzaig declara que es inaceptable que las empresas estatales de un país con tradición democrática no tenga una política de inversión ética.

El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), recordó las protestas del 2018 en contra de la dictadura sandinista, en las que murieron más de 300 personas y se mantienen en las cárceles a más de 200 presos políticos.

“Por razones éticas, una empresa pública costarricense no puede ser socia de un régimen que viola los derechos de los ciudadanos, las libertades y que tiene a más de 200 presos políticos encarcelados (…) además son fondos públicos arriesgados en un país sin ningún tipo de seguridad jurídica es absolutamente inconcebible”, dijo Feinzaig.

Falta de seguridad jurídica para los fondos públicos ticos

Vanesa Castro, diputada del PUSC, mostró su preocupación ante el “el régimen de Ortega no se puede considerar democrático”, por ende maneja “los temas a su antojo”, sobre todo en “aspectos de seguridad jurídica”, exponiendo los fondos públicos del país.

La diputada por el PLP, Katia Cambronero, se refirió a los aspectos morales que rigen a la dictadura de Daniel Ortega, ámbito que debe ser analizado a la hora de establecer relaciones comerciales con fondos del Estado que se podrían en riesgo.

“Nos parece poco ético que una empresa estatal costarricense haga negocios con un régimen dictatorial como lo es el de los Ortega. Costa Rica ha llevado una lucha en pro de los derechos humanos en la región y no tiene ningún sentido que una empresa estatal haga negocios con un dictador”, expresó Cambronero.

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