El economista Néstor Avendaño aseguró que para este año electoral se percibe una incertidumbre que puede profundizar la depresión económica, debido a la crisis sociopolítica, falta de condiciones democráticas y una posible reanudación de las protestas, lo que conllevaría a empeorar la situación que viven los nicaragüenses.
La economía nicaragüense se encuentra en depresión y podría empeorar, según advirtió el economista, Néstor Avendaño; quien resaltó que a pesar de la entrada de más de 500 millones de dólares producto de préstamos para atender los estragos provocados por el Covid-19 y el paso de dos huracanes en 2020, si no se llega a un acuerdo político, la débil economía del país agravará.
“Se han venido acumulando una serie de problemas que, para un economista es muy preocupante”, manifestó el también presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES).
Este experto en temas financieros también resaltó que no era momento para hacer reformas a la Ley Tributaria como las aplicó el régimen sandinista en 2019; pues considera que la economía va desplomándose y no se ve salida a los problemas.
De acuerdo con Avendaño, el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua cayó seis por ciento, contrastando las cifras del FMI que dice que cayó cinco por ciento, mientras que el Banco Central asegura que decreció entre 1.5 y 2.5 % lo que suma a una caída acumulada entre 2018 y 2020 de entre 11 y 12 %; lo que analizó que esto significa depresión económica.
Este 2021, el economista adelantó que no habrá crecimiento económico, a pesar de que la propaganda oficialista asegura que hay «bonanza financiera». Avendaño se alejó del optimismo del régimen en relación a proyecciones de crecimiento de hasta 2.5 % del PIB, porque no es tan sencillo salir rápidamente de la depresión económica que vive el país.
Amenazas a la economía son una bomba de tiempo
Para Néstor Avendaño, las condiciones en la que se encuentra Nicaragua no son favorables para los nicaragüenses, debido a que existe la posibilidad de que se reanuden las protestas sociales en donde la población demande reformas electorales, liberación de los presos políticos.
“Yo le llamo inusual incertidumbre, es cierto que están 500 millones de dólares del BCIE, pero están las otras restricciones, la potencialidad de conflictos sociales nos puede botar cualquier crecimiento en este año electoral y mantenernos en depresión económica”, dijo durante la entrevista central de Café con Voz.
Por otro lado, el académico manifestó que la fuga de depósitos en los bancos podría provocar el colapso en el sistema financiero y esto conllevaría a la caía del PIB.
“Cuidado se da otra fuga en el sistema de depósitos, hay que mantener la calma relativa en el sistema financiero, la calma política y el interés de llevar a cabo las reformas y un buen proceso electoral, para impedir mas debilitamiento de la banca, porque está prácticamente debilitada”, expresó.
Sobre «Ley Putin»
En cuanto a la reciente aprobación de la reforma a la Ley de los Consumidores, que exige a los bancos a aceptar transacciones de las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Avendaño dijo que no existe la posibilidad de que eso provoque afectaciones la economía del país, a pesar de que otros economistas aseguran que esto puede conllevar a que Nicaragua se incluya en la lista negra de los países donde se lava dinero.
“Pasaría a la lista negra si llegan los sancionados a los bancos; pero sino se da eso, ¿Cual es el argumento para decir que se va a pasar a la lista negra?; no he visto eso, la Ley aprobada por la Asamblea dice que no afecte a los familiares de los sancionados, a quienes no hay que quitarle sus derechos financieros”, aseguró.
Asimismo, dijo que los sancionados por Estados Unidos, no irán a meter su dinero a los bancos con corresponsalía en el país norteamericano ya que el sistema financiero tiene radares para detectar si el dinero que se deposita en cuentas es provenientes del narcotráfico y crimen organizado.
“El banco por Ley va a escribir que no se le acepta la transacción financiera porque se sospecha de origen ilícito; los bancos son expertos en buscar problemas de este tipo, están afectados los familiares no solo por consanguinidad, sino por afinidad”, aseveró Avendaño.
El periodista Luis Galeano le refutó que la Ley Nica Act alcanza a terceros de los sancionados porque el texto de esa legislación dice que: “ser propiedad o estar bajo control, o haber actuado a sabiendas o que pretenda actuar, para , o en nombre de, directa o indirectamente, cualquier persona cuya propiedad o intereses de la propiedad estén bloqueados bajo su subsección”.
A lo que el economista reiteró que la pena no trasciende a la persona del delincuente. Además recordó que los congresistas estadounidenses están pidiendo que las sanciones afecten a los familiares de los amonestados.
Avendaño dijo que para finalizar esa incertidumbre económica del futuro, se debe de hacer un diálogo entre el régimen de Daniel Ortega y el gran capital, dejando a un lado las demandas expuestas por la sociedad civil que exigen justicia y democracia.
Avendaño: “Yo no tuve que ver en operación Bertha”
El economista, quien fue miembro del equipo que ejecutó la operación Bertha que se dio en 1988, en la que se devaluó el córdoba viejo por uno nuevo con un cambio monetario por el 10,000 %; es decir, que por cada mil córdobas viejos te lo cambiaban por uno nuevo; no tuvo nada que ver, pues aseguró que la operación en la que él estuvo fue en 1984.
“Nos tocó trabajar desde el punto de vista macroeconómico… para impedir la hiperinflación, no se dio a cabo, el comandante Ortega que era el coordinador de la junta de gobierno, dijo que no se llevaba la operación, nosotros desaparecimos y la tomó otro grupo de funcionarios que llevaron a cabo lo que fue la piñata, un gran robo… a pesar de que fui miembro de un equipo decente y honrado, fuimos sustituidos”, dijo el economista.
«Indudablemente que el capitán del barco era Daniel Ortega y él estaba (al frente) en el segundo quinquenio de los años 80 (de aplicar la operación)», dijo Avendaño.
La acción provocó enormes pérdidas a miles de nicaragüenses que fueron estafados con la nueva política monetaria del régimen sandinista en 1988, pues cambiaron su dinero y les dieron pocos recursos.