A como estaba programado, los diputados sandinista del parlamento controlado por el dictador Daniel Ortega aprobaron la nueva Ley que prohibe la candidatura de opositores que piden sanciones contra funcionarios de Estado y sus instituciones.
Con los 70 votos de los diputados sandinistas, obedientes a las órdenes del dictador Daniel Ortega; 14 votos en contra de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y cinco abstenciones, el parlamento controlado por el el oficialismo aprobó la «Ley de Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía».
Primeramente en su propuesta original la Ley citaba que “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, y que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y yodos los que lesionen los intereses supremos de la nación, contemplados en el ordenamiento jurídico, no podrán optar a cargos de elección popular”.
Sin embargo, a este texto de artículo de Ley, los legisladores bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo agregaron que, “Serán traidores a la Patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, de los delitos que comprometen La Paz, y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua“
Bajo esa nueva norma, los opositores de la Alianza Cívica y Coalición Nacional, dos movimientos disidentes que nacieron luego de las protestas de abril de 208 y que han solicitado que se le apliquen sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a sus funcionarios cómplices de violaciones de derechos humanos; no podrán optar a cargos públicos; pues esta nueva legislación represiva se os prohíbe.
Esta misma Ley, con el texto aprobado, establece que quienes pidan sanciones para Daniel Ortega y su clan; además de ser inhibidos, también serán juzgados.
El servidor del sandinismo Edwin Castro, durante su alocución en el plenario controlado por Daniel Ortega, manifestó que está nueva Ley defenderá a Nicaragua de lo que ellos consideran intentos de golpe de Estado.
«No más intento de golpe de estado que traiga muerte y dolor a Nicaragua porque muerte y dolor, nunca más en Nicaragua», manifestó Castro.
Por su parte, el diputado por el PLC Maximino Rodríguez, dijo que el Frente Sandinista nuevamente está violando la Constitución Política de Nicaragua, al aprobar leyes contra las libertades públicas.
“Esta iniciativa viola los artículos constitucionales 25, 26, 27, 29, 32, 48, 50 y 51 de la Constitución Política. La democracia necesita esa diversidad de pensamiento, en consecuencia la iniciativa no tiene absolutamente nada que ver porque lo que pretenden ustedes es dividir a los nicaragüenses, simplemente porque no piensan con ustedes los llamo a la reflexión”, manifestó Rodríguez.
Daniel Ortega el primer inhibido de la nueva Ley
De acuerdo con el opositor Juan Sebastián Chamorro, director Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el primero que debería estar inhibido luego de la aprobación, es el dictador Daniel Ortega, pues fue el primero que promovió la intervención en Nicaragua.
Según Chamorro, el dictador es el que ha vendido a la patria a manos de supuestos inversores chinos, que de acuerdo con denuncias de campesinos, querían violar la soberanía nacional.
En su Blog, Chamorro expresó que: “la causa numero uno de inhibición es: ser vendepatria. Con el proyecto canalero y la ley del Canal con Wang Jing, Ortega prácticamente regaló la soberanía nacional. No ha habido en la historia de Nicaragua acto de servilismo similar”.
“En los años ochenta dejó entrar militares cubanos, soviéticos, alemanes, búlgaros y de otras nacionalidades para que sostuvieron la lucha contra la Resistencia Nicaragüense. Fue mediante la intervención extranjera del bloque socialista que Ortega se pudo sostener. Así que él quedará en la historia condenado por esta acusación”, agregó Juan Sebastián Chamorro.
Asimismo, manifestó que Ortega debería de quedar imposibilitado de ser candidato a la reelección por cuarta vez consecutiva, debido a que él es responsable de haber dado un golpe de Estado en Nicaragua al eliminar la institucionalidad.
Chamorro también señaló que el dictador ha violado la Carta Magna de Nicaragua al reformar la Constitución para reelegirse indefinidamente.
Ortega busca imponer a sus “opositores”
Para la Alianza Cívica y la Coalición Nacional, a través de esa Ley, Ortega hizo a un lado a la oposición organizada y deja el camino abierto para que los tradicionalistas “opositores” a quienes han catalogado de partidos zancudos y colaboracionistas, participen de las elecciones generales de noviembre de 2021.
“Busca zancudiar las elecciones y desmotivar al electorado. Seguramente, previo importe de metálico, habrán colaboracionistas; y para ello el dictador quiere limpiar la mesa de una competencia verdadera, una competencia no prebendaria y azul y blanco”, señaló Chamorro.