A pesar de la liberación de 135 presos políticos en Nicaragua, la periodista Fabiola Tercero Castro sigue desaparecida, sin que se sepa nada de su paradero desde el 12 de julio. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al gobierno nicaragüense que aclare urgentemente su caso y garantice su seguridad, pues crece la preocupación de que las autoridades puedan estar implicadas en su desaparición.
Nadie ha visto ni sabido nada de la periodista independiente y activista feminista Fabiola Tercero Castro desde el 12 de julio de 2024, cuando denunció un allanamiento de su domicilio por parte de agentes gubernamentales al mando de la comisionada Lidia Baltodano.
A diferencia del periodista Víctor Ticay, Tercero no fue uno de los 135 presos políticos liberados el 5 de septiembre en el marco de las negociaciones mediadas por Guatemala y Estados Unidos. Según la información de que dispone RSF, no hay registro oficial de que fuera trasladada a La Esperanza, la cárcel en la que suelen estar recluidas las mujeres detenidas. La prolongada desaparición de Tercero suscita gran preocupación, sobre todo porque desapareció justo después del allanamiento a su casa, lo que sugiere la posibilidad de que el gobierno esté implicado.
«Estamos profundamente preocupados por el hecho de que hayan transcurrido tres meses desde la desaparición de Fabiola Tercero, justo después de denunciar un allanamiento a su domicilio. Hay razones legítimas para sospechar que funcionarios del gobierno pueden estar implicados, y es responsabilidad de las autoridades nicaragüenses presentar inmediatamente cualquier información sobre su paradero. RSF celebra la liberación de Víctor Ticay, pero subraya que la desaparición no resuelta de Fabiola Tercero pone de manifiesto el riesgo continuo que afrontan los periodistas en Nicaragua», dijo Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina de RSF
La posible desaparición forzada de Tercero no es ninguna sorpresa, dada la vehemente represión de los periodistas en Nicaragua. Incluso los 135 presos liberados, que ahora pueden solicitar asilo político en países como Estados Unidos y Costa Rica en virtud de la Iniciativa de Movilidad Segura, fueron objeto de una última medida punitiva: se les revocó la nacionalidad nicaragüense, lo que les impide regresar a su país de origen. Entre estos detenidos destaca Víctor Ticay, encarcelado desde abril de 2023 por cubrir una ceremonia religiosa para la cadena de televisión privada Canal 10.
Asimismo, Nohelia González, veterana periodista que trabajó como jefa de información del diario La Prensa durante varias décadas, fue expulsada del país en julio por su relación con Monseñor Rolando Álvarez, destacado crítico del régimen de Ortega. Estos incidentes forman parte de una represión más amplia contra los medios de comunicación: más de 200 periodistas han sido expulsados o forzados al exilio desde 2018, según La Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED).
El 11 de septiembre de 2024, Nicaragua aceleró una reforma de la Ley de Delitos Cibernéticos, que intensificó la represión contra críticos y periodistas. La ley tipifica como delito compartir cualquier información en las redes sociales que el gobierno considere perjudicial o falsa, pero carece de definiciones claras, lo que allana el camino para una aplicación arbitraria. Sistemática represión contra la prensa en Nicaragua eleva cifra de periodistas exiliados a 276