Un grupo de exiliados nicaragüenses en Costa Rica realizó un plantón en la sede del poder Judicial, en San José, pidiendo que se detenga la extradición de Reynaldo Picado quien, junto a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, son acusados por la dictadura de un asesinato a una oficial de policía y a un civil en Nicaragua.
El activista nicaragüense e integrante del grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex), Gabriel Putoy, aseguró a Café con Voz que luego de realizar el plantón se presentaron a las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica y que funcionarios les dijeron que el proceso de refugio para Reynaldo Picado se encuentra “intervenido” por la Interpol.
“Las personas de migración nos dijeron que eso no está en manos de ellos, sino de Interpol. Que más bien, el proceso de solicitud de refugio está detenido porque la Interpol fue quien lo intervino y que por ende no está en manos del Poder Judicial de Costa Rica ni de Migración”, dijo Putoy a Café con Voz.
El pasado 16 de febrero, encadenado de pies y manos, el régimen de Daniel Ortega presentó a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, 44 años, a quien el 16 de febrero las autoridades de Costa Rica entregaron a la dictadura sandinista. Reynaldo Picado aun permanece en Costa Rica y su extradición es inminente.
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“Estamos poniendo en perspectiva lo que está sucediendo en Nicaragua, de que la dictadura nos fabrica delitos y nos persigue. Costa Rica no debe creer el discurso oficial que dice que somos prófugos de la justicia. Somos personas que hemos venido a esta nación a resguardar nuestra vida”, dijo Putoy.
El plantón fue convocado por diversas organizaciones en la Sala Constitucional de Costa Rica, siendo la principal demanda que se le conceda el refugio.
La activista Yaritzha Mairena entregó una carta ante funcionarios del Poder Judicial y advirtió la gravedad de la extradición si se logra consumar.
“Si lo extraditan va a ser víctima de tortura y por eso estamos demandando que se proteja su integridad física y se le otorgue el refugio para llevar las investigaciones pertinentes en Costa Rica”, dijo Mairena a Café con Voz.
Añadió que las cartas fueron recibidas en la Corte Suprema de Justicia, la escanearon y pusieron un sello de recibido.
“En Migración nos hicieron esperar un montón y nos amenazaron con llamar a la fuerza pública (policía). Pero al final lo recibieron”, dijo Mairena.
Acusados de crímenes comunes
El 1 de octubre de 2022, medios de comunicación nicaragüenses reportaron que la policía Aracelys Marisol Díaz Salinas, de 20 años, fue asesinada en un violento asalto ocurrido en la comunidad Buena Vista, en El Castillo, departamento de Río San Juan, informó la tarde de este domingo la Policía.
En el robo también fue asesinado por el trabajador administrativo Pedro Pablo Chavarría Rivas, de 56 años.
Según la información, delincuentes armados dispararon contra una camioneta de una empresa exportadora de cacao llamada Agro Industrial Del Río, en la cual se movilizaban unos policías que custodiaban el traslado de planilla de la empresa y otros trabajadores del mismo negocio.
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A uno de los supuestos implicados, Ramón Antonio Argeñal Mendoza, la dictadura lo sentenció el 3 de julio de 2023 a cadena perpetua y a 103 años de prisión por el delito de asesinato de una oficial de policía y a la persona civil.
Al respecto, Putoy asegura que son acusaciones fabricadas de la dictadura.
“Son acusaciones fabricadas. Todos hemos venido con acusaciones y hay personas que ya con refugio, tienen acusaciones por delito común. Lo que está en veremos es si las autoridades costarricenses dan tregua a la extradición, porque quien lo está pidiendo ha cometido crímenes de lesa humanidad. En nuestro país no hay una justicia imparcial, entonces, no es creíble lo que diga”, señaló Putoy.