Los diputados del Parlamento al servicio de la dictadura sandinista, aprobaron en segunda legislatura la reforma al artículo 21 de la Constitución Política para despojar de su nacionalidad a quienes la dictadura considere como traidores de la patria.
Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva del Parlamento, afirmó que esta reforma, que restringe el derecho a la nacionalidad de los nicaragüenses, constituía el mejor tributo al aniversario de Rubén Darío, según su perspectiva.
“Aquel que traicione a Nicaragua no puede conservar la nacionalidad”, enfatizó Porras, destacando que la reforma busca establecer en la Constitución que quienes sean considerados traidores, tras un juicio y condena, perderán su nacionalidad.
A pesar de que la reforma aún no ha entrado en vigor, Daniel Ortega ha despojado de su nacionalidad a 316 nicaragüenses desde febrero de 2023.
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Porras defiende la reforma como una “acción patriótica” que silencia críticas sobre violaciones a los derechos humanos, estableciendo quiénes son considerados “vendepatria”.
La dictadura considera traidores a aquellos ciudadanos que expresan opiniones contrarias a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Además de esta reforma, se han aprobado otras cuatro esta semana, incluyendo cambios en el control de la Policía, los Registros Públicos, el presupuesto de la Corte Suprema y la elección del Procurador de Derechos Humanos.
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Esa reforma constitucional fue aprobada en primera de dos legislaturas el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos 222 secuestrados políticos.
Un día después, el 10 de febrero, y a pesar de que la reforma constitucional no estaba en vigor, la dictadura, a través del Poder Judicial, despojó de la nacionalidad a los 222 secuestrados políticos por los organismos humanitarios que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos, y sentenciados como «traidores a la patria».