Por Oscar René Vargas. En los últimos años las remesas familiares han sido el motor principal de la economía nicaragüense vía el consumo privado (más que los salarios) y en un apoyo fundamental para un poco más de un millón de hogares (aproximadamente unos 5 millones de personas) que son beneficiarios de los aportes de los migrantes. En el 2024 el ingreso de remesas totalizó US$5,243.1 millones de dólares, registrando un incremento del 12.5% en relación a 2023 (US$4,660.1 millones de dólares). En 2024, las remesas representaron el 29.4% del PIB. Ortega y Murillo lo saben.

Un mínimo cambio migratorio en Estados Unidos, de donde se reciben el 82% de las remesas, como lo que estamos viendo, va a impactar negativamente en el monto de las remesas en el 2025, lo que va a tener un efecto negativo en la economía (va disminuir la actividad interna, porque como país nos hemos vuelto dependientes de esos flujos de remesas (crecimiento ficticio, no endógeno). Nicaragua se ha transformado en el país más dependiente de las remesas de América Latina y Caribe (ALC).

En una medición de la movilidad social intergeneracional nos indica que más del 70% de los nicaragüenses que nacen en un hogar pobre en Nicaragua permanecen en esa situación por siempre. Aunque algunos puedan subir un escalón al pasar de extrema pobreza a pobre. Esta realidad se presenta principalmente en las zonas rurales (campesinos) e indígenas (Costa Caribe).

Según los reportes de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) en el 2024 los bancos del sistema obtuvieron una ganancia de US$211.09 millones de dólares. El dinero que los bancos otorgan en calidad de préstamos, no es propiedad de sus accionistas sino es la suma de los pequeños y medianos capitales que son los que dan a los bancos el sitio de importancia que cada uno ha conseguido.

Capitalismo de «amiguetes»

A pesar de los altos niveles de concentración de capital sin precedentes e incluso del registro de las tasas de ganancias extraordinarias del capital financiero; en términos globales la economía nicaragüense es frágil, debido a su característica especulativa y parásita del modelo capitalista de amiguetes que genera su propio impasse, poca inversión productiva.

Por ejemplo, durante el período 2010-2017, la inversión privada representó, en promedio, el 22.5% del PIB; disminuyendo a 16.0% en el primer semestre de 2024. La corrupción, la ineficiencia gubernamental, la ausencia del estado de derecho y la falta de transparencia está afectando la inversión privada y la productividad.

En el futuro inmediato, el potencial crecimiento de la economía está siendo afectado por un menor crecimiento de las remesas, la falta de mano de obra calificada y no calificada debido a la migración acelerada de los años pasados, el menor financiamiento externo neto (inversiones extranjeras) y la caída de los préstamos y donaciones.

Según cálculos de especialistas, en el 2024, el margen entre el precio de compra del precio promedio internacional del petróleo y el precio que pagan los consumidores de combustibles en las estaciones de servicio generó una ganancia extraordinaria de US$183 millones de dólares en detrimento de los nicaragüenses que siguen comprando los combustibles más caros de Centroamérica.

De acuerdo al Banco Central de Nicaragua, Nicaragua cerró el 2024 con un déficit en su balanza comercial de US$3,058.5 millones de dólares, un 24.6% superior al registrado en el 2023, y significó el 17.2% del PIB. El déficit comercial, en el 2023, fue de US$2,454.2 millones de dólares y representó un 13.8% del PIB.

La corrupción de los sectores hegemónicos y con ella el saqueo sufrido por Nicaragua entre el 2007-2024, ha dado uno de sus muchos y funestos resultados: la delincuencia de cuello blanco, el abuso, el robo, la prepotencia y la impunidad; a tal grado que se han convertido en algo normal en el comportamiento de la Chayoburguesía.

Condiciones políticas

Hay un sector duro y represivo en el núcleo del poder dictatorial que se está quedando solo, manteniéndose principalmente por las armas del poder militar, policial y paramilitar (los llamados policías voluntarios) a su favor. Este es su punto fuerte y es a su vez, su punto débil. En la lucha por mantener el “statu quo”, ese núcleo sectario también se sirve de los políticos subordinados (partidos y políticos zancudos viejos y nuevos), del silencio y complicidad del empresariado nacional y extranjero, del aparato estatal y de una base social menguada.

Internacionalmente, el régimen se mira sometido, hasta fecha, a una presión mezclada de amenazas híbridas y señales negativas de parte de los Estados Unidos, el parlamento de la Unión Europea, Canadá, Gran Bretaña, la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidos a través de su brazo de los derechos humanos. El Vaticano sigue manteniendo su política de ver desfilar los cadáveres políticos de sus adversarios y enemigos.

Por el lado popular, el régimen es rechazado por una gran mayoría de la gente, que se estima por encima del 70% de la población, actualmente desorganizada, sin liderazgo reconocido ni programa político ni táctica de resistencia, pero buscando instintivamente como lograr construir un contrapoder que se enfoque en la fractura de los pilares de la dictadura que permita su derrocamiento.

Desde el 2018, el pensamiento de la cúpula del gran capital se ha mantenido en “el silencio y la aceptación”, en una suerte de negociación basada en no enfrentar las políticas del régimen para conservar los beneficios económicos. La estrategia del régimen ha sido: primero amenaza, luego impone, para terminar, pactando con el capital. El objetivo del régimen es imponer la aceptación y la “normalización” de las reglas de la dictadura. Aplicando la vieja política corrupta que permite el enriquecimiento inexplicable de muchos.

La idea del gran capital y de los principales poderes fácticos se desliza por una incómoda pendiente que oscila entre seguir aceptando calladamente el declive ineludible de dictadura a través de su aval titubeante o favorecer una salida de la dictadura. Por el momento, se ve difícil que se imponga el sector pensante y modernizante del empresariado para darle vuelta a la tortilla. En el corto plazo, los grandes empresarios continúan en la lógica de aceptar el “orteguismo con Ortega”, mientras siguen beneficiándose de considerables ventajas económicas. Sin embargo, la influencia de los poderes fácticos externos será un factor determinante en el futuro inmediato.

Al mismo tiempo, la fracción dura del orteguismo sigue imperturbable en su rumbo de represión, violencia y caos, aunque vaya acompañada, a veces, por algunas medidas paliativas. La idea de Ortega-Murillo es que vieja clase dominante (burguesía tradicional y la vieja oligarquía) se subordinen totalmente a los intereses de la Chayoburguesía.

El objetivo político de los discursos de odio de Murillo es quebrar el pensamiento crítico de la población; es decir, crear una incapacidad de distinguir entre la verdad y la mentira; la normalización de la represión y de la injusticia; y el sonambulismo social frente a la barbarie. En definitiva, Murillo busca que el “colapso ético-moral” de la gente sea el resultado de la incapacidad de reflexionar, pensar y juzgar ya se por alienación, el miedo, el terror o la manipulación.

El éxito de la dictadura está basado en el credo de poder implantar la socialización del miedo y la inseguridad en la sociedad, en la difusión en la creencia irracional en las “virtudes” de la ley del más fuerte, de la impiedad de las desigualdades sociales, en hacer creer que son expresiones del “orden natural” de las cosas.

En este contexto, la dictadura Ortega-Murillo ha optado por un drástico giro totalitario (el golpe de estado con la implementación de la constitución chamuca) para acabar autoritariamente toda resistencia social o política, por pequeña que sea, como la única solución de que disponen: aplica sin compasión ni concesiones el programa de consolidar la sucesión dinástica.

La gran duda que surge es la influencia que pueda tener la política de la Administración Trump en el comportamiento futuro del gran capital y en el acontecer político del país. ¿Qué impacto tendrá sobre la economía? ¿Ese impacto será manejable para el régimen? ¿Qué impacto tendrá sobre la sobrevivencia de la dictadura? Ortega-Murillo buscará cómo ganar tiempo y espacio político. Aparentemente, el núcleo duro del orteguismo mantendrá el estado represivo policial. En su lógica de “el poder o la muerte” no es negociable, ya que abandonarla los llevaría a su fin.

El poder político dominante ha tenido la estrategia combinar, funcionar, armonizar y asociar al capital privado tradicional, con el capital militar, el capital de la nueva clase (Chayoburguesía) y el capital estatal. El vínculo entre ellos a menudo se establece a través de lazos familiares (bodas, bautizos, negocios y hasta los sepelios) o bajo el paraguas de los beneficios que facilita el poder dictatorial, pero las contradicciones al interior del “capitalismo de amiguetes” pueden surgir a la superficie alimentadas por las políticas que la Administración Trump desarrolle.

Contradicciones principales

Por otro lado, observamos que el personal político de la dictadura se está volviendo cada día más irracional tanto por factores externos e internos en relación a los intereses colectivos de la sociedad nicaragüense; de ahí la urgente necesidad de crear y fortalecer un contrapoder, la adopción de programa de acción, antes que, de nuevo, se nos vuelva a hacer tarde. Se necesita una brújula estratégica, un programa mínimo que permita alimentar a las termitas para que sigan fracturando los pilares de la dictadura.

Las tendencias negativas del poder dictatorial probablemente se agregarán de manera rápida en el transcurso del 2025 y pudiera alcanzar su masa crítica no más allá del 2026 o en el mismo 2025. Los escenarios del fin del ciclo político orteguista no necesariamente serán de un aterrizaje al suave, ya que su defunción puede ser más rápida de lo cualquier imagina.

Mientras más se profundizan las contradicciones de las cinco crisis (económica, social, política, religiosa e internacional) más se favorece el surgimiento de factores imponderables e impredecibles (el cisne negro) y mayores probabilidades que se desarrolle una crisis orgánica social que cambie drásticamente el orden político existente.

Entre las 15 principales contradicciones estructurales que llevan al régimen a su declive inexorable están: el alto desempleo, los bajos salarios, la imposibilidad del 80% de la población de adquirir una canasta básica, la desnutrición y el hambre del 20% de la gente, la creciente tensiones con los Estados Unidos, la persecución en contra de la Iglesia Católica, las tensiones socioculturales, ambientales y propiedad con las minorías de la Costa Caribe, el incremento de las desigualdades sociales, la expansión de la corrupción en todos los niveles del régimen, la impunidad y la pérdida de capital humano por la migración de jóvenes, trabajadores y profesionales. Todo lo anterior enmarcado con la creciente insostenibilidad económica endógena, dado el crecimiento ficticio, de cara al desarrollo futuro del país.

El debilitamiento de la dictadura producto de la incapacidad estructural para resolver tales contradicciones y de la sincronización de sus discordancias mutuamente reforzadas abren una real oportunidad al desgajamiento de su poder político a escala doméstica, regional e internacional. Las incoherencias y errores políticos con mayor frecuencia son evidencia del mayor declive estructural del poder dictatorial. Las equivocaciones tácticas, como los errores políticos cotidianos, son dolorosos.

La sincronización de las contradicciones tiene un efecto que se traduce en que sean mutuamente reforzadas, lo cual nos permite asegurar que el debilitamiento del régimen conduce a un incremento del proceso de implosión de la dictadura, proceso de implosión que es necesario alimentarlo cotidianamente, fracturando los pilares que la sostienen. La pregunta no es si Ortega-Murillo perderán su poder, sino ¿Cuándo y cómo será su inevitable su caída?

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