El dictador sandinista, Daniel Ortega, por medio del Ministerio de Gobernación y el de Hacienda y Crédito Público ordenó la elaboración de un estudio de “Plan maestro de inversión en centros penales y centros de acusados en Nicaragua”, con el que plantean la construcción de más cárceles en pleno año electoral.
La dictadura sandinista plantea la construcción de más centros penales y “centros de acusados en Nicaragua” en el que crearán las condiciones para que las personas detenidas preventivamente en calidad de acusados puedan permanecer, recibir visitas y esperar una resolución de las investigaciones que hagan la fiscalía y policía sandinista en un lapso de 90 días.
Según el argumento que dicta el régimen sandinista, en Nicaragua actualmente no existen “centros de acusados” y los detenidos guardan prisión preventiva en penales destinados para presos y presas con sentencia firme, por lo que buscan la creación de un nuevo sitio donde meter a los investigados por hasta un lapso de tres meses.
Para el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el régimen de Ortega quiere separar a los acusados con los investigados por 90 días. Además forma parte de la estrategia de intimidación para los nicaragüenses que le adversan. https://cafeconvoz.com/2021/04/16/dictadura-ordena-que-paramilitares-se-tomen-urbanizadoras-de-managua/
Asimismo, resaltó que la dictadura sandinista busca maquillar la mejoría de condiciones carcelarias y evitar el hacinamiento para crear mas cárceles e ingresar a más ciudadanos.
“En Nicaragua está probado que la conducta de los funcionarios en el irrespeto a los derechos humanos con torturas y tratos crueles e inhumanos, ni el mejor centro va a resolver este problema de fondo, esa convocatoria supone mejora de condiciones, cosa que es aun estado totalmente negativo y agregar que esta convocatoria se da cuando tenemos más de una década de que iniciaron a cerrar los sistemas penitenciarios de los defensores de derechos humanos y prensa nacional”, dijo el abogado.
Urgencia en año electoral
Por otro lado, Carrión dijo que no debería de existir urgencia de construir más sistemas penitenciarios ni penales porque el régimen de Ortega ha sacado a más de 25,000 reos comunes en los últimos dos años, bajo el régimen de convivencia familiar.
“¿Cuál es la urgencia de convocatoria de crear cárceles si están liberando a miles? Eso es una negativa fuerte para que uno crea que van a hacer cárceles humanizadas en Nicaragua. Esto se inscribe en un contexto donde se recrudece la represión, la prioridad es la persecución política, la delincuencia común no demuestra ninguna prioridad porque han sacado a miles” agregó.
Cárceles serán pagadas con impuestos
En el documento base de concurso de precalificación para la selección y contratación de firmas consultoras, destaca que el financiamiento de estas obras será vía Presupuesto General de la República, pagado con los impuestos de los nicaragüenses.
De acuerdo con los argumentos del documento, la construcción de estas nuevas cárceles busca “incrementar y mejorar la funcionalidad y la capacidad de gestión para establecer un régimen seguro y digno de conformidad con normas nacionales e internacionales. Además de incorporar algunas consideraciones que reduzcan el hacinamiento, el cumplimiento de condenas en condiciones de cercanía a los familiares de los presos y presas, así como brindar seguridad y comodidad tanto a los privados de libertad, los acusado y el personal en funciones”, cita el documento.
Son cuatro los “centros de acusados” que construirán
Nicaragua cuenta con nueve centros penitenciarios a nivel nacional, pero el régimen sandinista platea la construcción de cuatro centros de acusados.
El Ministerio de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y el régimen sandinista platean en el documento que el plazo de la ejecución de las obras serían en 275 días, casi el mismo tiempo en el que se realizarán las elecciones generales, el siete de noviembre de este año.
El nuevo Código Proecesal Penal de Nicaragua, reformado en febrero de este año amplia 48 horas a tres meses la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar juicio. Esta normativa amplía el periodo de investigación den sospechoso y de no encontrarse culpable, sería liberado hasta en un plazo de 90 días.
Algunos defensores de derechos humanos han denunciado que esa legislación será utilizada por la justicia sandinista para “encerrar” a los opositores que protesten en contra de la dictadura de Daniel Ortega.