Los diputados sandinistas aceleran la aprobación de la reforma a la Ley Electoral, que ellos mismos presentaron esta semana, pese al rechazo que tienen las medidas en los sectores opositores. La junta directiva de la Asamblea Nacional mandó hoy el anteproyecto de Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 331, Ley Electoral, a la Comisión Especial con Carácter Constitucional para los Asuntos Electorales, iniciando así el proceso de consultas y dictamen.
El objetivo de los sandinistas en aprobar en un combo tanto la reforma electoral como el nombramiento de los diez magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), a principio de mayo. La Comisión Especial que integran cinco diputados sandinistas y dos de sus aliados del PLC y del PLI, verán ambos temas.
Según la reforma, los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos usualmente dominadas por el partido en el poder, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, podrían cambiar el resultado de las actas de forma oficiosa.
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El artículo 19 referido a los Consejos Electorales, en el inciso 10 afirma que una de sus facultades será “revisar y si fuese necesario, corregir de oficio, la suma aritmética de los votos de las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos de su circunscripción”, lo que permitiría un fraude electoral legalizado y que ha practicado desde el 2008 en las elecciones.
También plantea derogar el techo del 40 por ciento o 35 por ciento más diferencia de cinco puntos porcentuales para ganar las elecciones presidenciales según la propuesta de reforma electoral. El ganador sería declarado por mayoría simple, lo que permitiría que el FSLN ganara las elecciones incluso con menos votos.
La Comisión de Buena Voluntad, conformado por el jurista Carlos Tünnermann, el empresario y excandidato presidencial Fabio Gadea y el deportista Denis Martínez, en un comunicado expresaron «total rechazo a las propuestas de reformas electorales indignas que ha introducido el régimen ante un Poder Legislativo controlado por un solo partido y dictadura».
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«Las reformas electorales que pretende aprobar el régimen representan un zarpazo a la dignidad ciudadana y a toda noción de democracia. La ciudadanía tiene el derecho y deber a ejercer el voto como uno de sus principales instrumentos cívico por excelencia para ejercer su poder, sin embargo estas reformas electorales propician todas las condiciones para el fraude y limita aún más el derecho a conocer, denunciar y sancionar una farsa electoral», afirmaron los miembros de la Comisión de Buena Voluntad que busca la unión de las fuerzas opositoras.