El proyecto de reforma electoral presentado el lunes en la Asamblea Nacional por los 70 diputados del Frente Sandinista, plantea un peligroso manoseo de los votos de las Juntas Receptoras de Votos que podrían hacerse al momento del conteo de votos el día de las elecciones previstas para noviembre próximo.
Según la reforma, los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos usualmente dominadas por el partido en el poder, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, podrían cambiar el resultado de las actas de forma oficiosa.
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El artículo 19 referido a los Consejos Electorales, en el inciso 10 afirma que una de sus facultades será «revisar y si fuese necesario, corregir de oficio, la suma aritmética de los votos de las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos de su circunscripción», lo que permitiría un fraude electoral legalizado y que ha practicado desde el 2008 en las elecciones.
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También plantea derogar el techo del 40 por ciento o 35 por ciento más diferencia de cinco puntos porcentuales para ganar las elecciones presidenciales según la propuesta de reforma electoral. El ganador sería declarado por mayoría simple, lo que permitiría que el FSLN ganara las elecciones incluso con menos votos.
Se ampara en leyes restrictivas para inhibir con Ley Electoral
Asimismo Ortega mandó a sus diputados a ampararse en todas las leyes restrictivas, que aprobó a finales del año pasado como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa a la Soberanía, para inhibir a cualquier candidato de la oposición.
Los empleados de Ortega en el Parlamento, proponen incorporar de manera expresa la prohibición de partidos políticos, alianzas de partidos y cualquiera de sus candidatos o candidatas, de recibir financiamiento del exterior e inhibe a los definidos como «traidores de la patria», para optar a cargos de elección popular.
Otras «perlas»
En la exposición de motivos, el sancionado presidente del Parlamento Gustavo Porras destacó que la iniciativa de reforma propone, entre otras cosas, incorporar procedimientos respecto al transfuguismo político, a la vez suprime el requisito de obtención del 4% de votos válidos para el desembolso de gastos de la campaña electoral, establecer la presentación de alianzas antes de la presentación de los consejos municipales, regionales y departamentales.
De igual forma, se creará un nuevo artículo que permitirá un procedimiento para asignar casillas a nuevos partidos políticos, y se incorporarán el uso de nuevas tecnologías en el sistema de elecciones permitiendo procedimientos digitales para la presentación de ternas y de inscripción y acreditación de fiscales electorales.
Asimismo Ortega decidió en su propuesta, quitar al Consejo Supremo Electoral (CSE) la facultad de brindar permisos para las manifestaciones públicas y para las actividades de campaña, dejando esa pretogativa a la Policía, es decir a su brazo político armado, caracterizado por reprimir a los opositores.
La iniciativa señala que para las manifestaciones públicas los partidos o alianzas políticas deberán presentar la solicitud a la Policía con copia al Consejo Electoral indicando la hora y lugar con una semana de anticipación, quienes responderán dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.
La propuesta en lugar de buscar la despartidización la profundiza y se deja bien claro que son los partidos políticos los que pueden manifestarse. Señala que «en el periodo electoral hay una prohibición expresa a los ciudadanos para hacer cualquier tipo de propuesta o campaña si no es un partido político», dejando fuera organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos comunes que quieran respaldar a cualquier opción.