El movimiento Unamos, antiguamente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), presentó un recurso de inconstitucional contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza», por considerarla «ilegal» porque su objetivo es callar a la ciudadanía para que no denuncie los abusos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
«La Ley Mordaza es ilegal y no la acataremos», afirmaron los miembros de Unamos en un comunicado, en el que denuncian que el régimen pretende «silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que la ciudadanía nos expresemos en resistencia frente», al autoritarismo y en demanda de libertad, democracia y justicia.
Los recurrentes y sus argumentos
El recurso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo interpusieron Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández y Aura Aragón, de la directiva del movimiento político.
Entre los argumentos presentados en el recurso por inconstitucionalidad están que la «Ley Mordaza», violenta garantías, derechos y disposiciones constitucionales, como los de seguridad jurídica, garantías judiciales, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como derecho de brindar y recibir información sin censura, entre otros.
En diciembre del 2020 los miembros de esa misma agrupación, recurrieron por inconstitucionalidad contra la Ley de Control de Agentes Extranjeros o «Ley Putín», por considerarla violatoria de al menos seis artículos de la Constitución. los-mrs-recurren-contra-ley-putin/
Como Estado, Nicaragua incumple sus compromisos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, afirmaron.
«Con esa ley, la dictadura de la familia Ortega Murillo continúa su campaña de persecución, asedio, hostigamiento, amenazas y judicialización de periodistas, comunicadores, ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de su derecho de libre expresión y de libertad de prensa», denunció Unamos.
Varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y la de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (Pcin) han recurrido legalmente en contra de la «Ley Mordaza», aunque hasta ahora los magistrados sandinistas que dominan la Corte Suprema siguen sin pronunciarse.