Estados Unidos advirtió el 1 de febrero a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua por las dos pandemias que asolan al país: El Coronavirus y los paramilitares que ejercen represión y violencia en contra de ciudadanos que se oponen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Departamento de Estado de los Estados Unidos, actualizó el 1 de febrero su aviso de viajes, en la que alertan a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos del Covid-19 en Nicaragua y de la represión estatal y paraestatal.
Ineficiencia en acceso de pruebas
“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de Salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua debido al COVID-19. Las pruebas que cumplen con los CDC para COVID-19, no están disponibles o los resultados no siempre están disponibles dentro de los 3 días calendario posteriores a la prueba. Los viajeros deben esperar retrasos al regresar a los EE.UU.”, señala el aviso.
La advertencia del Departamento de Estado, está encabezado por el título de “No viaje a Nicaragua debido al COVID-19, disturbios civiles, crimen, disponibilidad limitada de atención médica y aplicación arbitraria de las leyes”.
Asimismo relaciona que Nicaragua ha reanudado la mayoría de las opciones de transporte (incluidas las operaciones aeroportuarias y la reapertura de las fronteras) y las operaciones comerciales (incluidas las escuelas).
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La pandemia de la represión
El aviso, indica que además del Covid-19, el Departamento de Estado mantiene su alerta a los ciudadanos estadounidenses sobre “policías uniformados armados y violentos o civiles vestidos de civil que actúan como policías (“parapoliciales”)” que “continúan atacando a cualquier persona que se considere contraria al gobierno del presidente (Daniel) Ortega”.
Añade que el “gobierno” y “sus grupos armados” han sido reportados de detener arbitrariamente a manifestantes a favor de la democracia, con denuncias creíbles de tortura y desapariciones; apuntar sistemáticamente a figuras de la oposición, incluidos el clero, los defensores de los derechos humanos y los miembros de la prensa; impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre; incautar propiedad privada; buscar arbitrariamente en teléfonos y computadoras personales contenido antigubernamental y detener arbitrariamente a determinadas personas con cargos infundados de terrorismo, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.