Managua, 15 dic (EFE).- Diez senadores estadounidenses, entre demócratas y republicanos, abogaron este martes por la seguridad de periodistas, activistas de derechos humanos y políticos opositores de Nicaragua, que viven bajo «el acoso» del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.
En una carta dirigida al embajador estadounidense en Nicaragua, Kevin Sullivan, los senadores lo instaron a que utilice «todas las herramientas diplomáticas para garantizar la seguridad de los periodistas, la sociedad civil y los opositores políticos» del país centroamericano.
En la misiva, firmada por Robert Menéndez, Ted Cruz, Benjamin Cardin, Richard Durbin, Patrick Leahy, Marco Rubio, Tim Kaine, Bill Cassidy, Christopher Murphy y John Cornyn, expresaron su preocupación «por el acoso» del Ejecutivo nicaragüense a la oposición, la sociedad civil y medios independientes de Nicaragua.
«El respeto de las libertades fundamentales es esencial para la preservación de una democracia vibrante, y el ejercicio de la libertad de expresión requiere que se permita a los miembros de la oposición, activistas y periodistas operar en un entorno seguro», señalaron.
PREOCUPADOS POR CENSURA Y RESTRICCIONES
En particular, los senadores expresaron su preocupación por que, antes de las elecciones de noviembre de 2021, los legisladores nicaragüenses hayan comenzado a endurecer «la censura de prensa y a restringir aún más las actividades de la sociedad civil y los grupos de derechos humanos».
En específico se refirieron a las leyes de agentes extranjeros, y la especial de ciberdelitos, promovidas y aprobadas recientemente por los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según los senadores, la ley de agentes extranjeros obliga a la sociedad civil, a las ONG y a los ciudadanos que reciben fondos provenientes del exterior a registrarse como «agentes extranjeros» y les prohíbe participar en actividades políticas internas.
En tanto, la ley especial de ciberdelitos, que entrará en vigor el próximo 30 de diciembre, permitiría al Gobierno de Ortega a enjuiciar a las personas acusadas de difundir «información falsa y/o tergiversada» a su discreción.
«Estos esfuerzos del Gobierno de Ortega representan un claro intento de reprimir a los opositores políticos y restringir la movilización ciudadana», indicaron.
SILENCIAR DISIDENCIA Y CRIMINALIZAR A OPOSITORES
Los senadores se declararon «alarmados por estos esfuerzos por brindar una justificación legal para hostigar y criminalizar a cualquier entidad que critique al Gobierno de Ortega», y observaron que al menos 113 opositores políticos siguen encarcelados «mientras continúan las detenciones arbitrarias y los secuestros».
«Nos preocupa profundamente que la legislación promulgada recientemente, construida para silenciar la disidencia, de lugar a un aumento de las detenciones y la persecución de opositores políticos», advirtieron.
En la carta, calificaron como «profundamente preocupante» la promulgación de esas leyes en un contexto en que «el acoso a los medios de comunicación independientes en Nicaragua ha aumentado dramáticamente en los últimos años».
«Desde abril de 2018, los nicaragüenses han sido testigos de detenciones arbitrarias de periodistas y censura de medios como 100 % Noticias y Nicavisión Canal 12, mientras que los aliados de Ortega mantienen el control sobre la mayoría de los medios de comunicación nacionales», apuntaron.
En el documento, subrayaron que la libertad de prensa y la libertad de expresión son parte integral de la preservación de la democracia, por lo que hicieron un llamado al Gobierno de Ortega para «que respete los ideales democráticos y los derechos humanos fundamentales de todos los nicaragüenses».
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.