Tres mujeres activistas feministas e integrantes de movimientos sociales, realizaron un análisis sobre el futuro de la hoy sancionada policía sandinista, encargada de ejecutar las ordenes represivas de los dictadores Ortega-Murillo, contra la ciudadanía opositora.
Las activistas feministas Tamara Dávila, Azahálea Solís y Anexa Alfred Cunnigan, analizaron el futuro de la sancionada policía sandinista en Nicaragua y apuestan a una «refundación o transformación profunda de la institución» una vez que Daniel Ortega salga del poder.
Para la activistas feminista e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Tamara Dávila, el problema de la Policía sandinista es que se volvieron el “brazo de represión del régimen”, porque se han encargado de violar los derechos humanos de las mujeres desde que llegaron al poder en 2007.
“Un Daniel Ortega que ha utilizado a la Policía como un brazo de represión contra las iniciativas de expresión. Un impedimento para que las mujeres se manifiesten. Violar a una mujer o abusar a una mujer no está mal visto en este gobierno; están documentadas las atrocidades y violaciones contra las presas políticas” señaló.
En el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes siguen siendo víctimas de las violaciones y los abusos de poder de la institución policial, la cual no desempeña el rol que constitucionalmente le corresponde, que es proteger y deberse a la ciudadanía. La indígena Miskitu de Yátama, Anexa Alfred Cunnigan, destacó que en la región del Caribe, tanto norte y sur, las autoridades de la sancionada Policía, no toman en serio las denuncias de crímenes contra las mujeres, solo están como un “aparato represor”.
“No hay justicia, las denuncias solo llegan a los derechos humanos. Necesitamos una Policía institucional que respete los derechos de los pueblos indígenas”, expresó.
Por otro lado, la activista feminista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres Azahlea Solís explicó que la ciudadanía debería de tomar el rol que le corresponde en exigir una institución profesional al servicio de la población y no de un presidente.
“La gente debe sentirse ofendida y debe reclamar por cada acción de la Policía. Cuando Ortega llegó al poder cambió la orden de manos, entonces el Ejército y la Policía dependían de él; nosotros debimos de estar alerta porque no se puede aceptar una cuestión de esas, porque rompe el vínculo y no pueden estas instituciones depende del poder civil. La agenda ciudadana es reestructurar a la Policía”.
Solís resaltó que la Policía Nacional es un derecho, por lo tanto, debe ser parte de la demanda y de la agenda ciudadana donde se garantice una institución distinta de la fuerza armada.
Juzgar a los mandos policiales
Otras de las observaciones que realizaron las activistas y defensoras de los derechos humanos es la importancia de judicializar a los mandos policiales que se vieron involucrados en los crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses.
“Los mandos policiales que han cometido crímenes deben de ser juzgados y removidos de sus cargos. Pueden quedar aquellos policías que tienen las manos limpias, que no han violado los derechos humanos de la ciudadanía; los jóvenes deben de ir a una nueva academia policial”, subrayó Dávila.
De igual manera, hicieron hincapié en la acción criminal de la Policía sandinista de armar a grupos paramilitares para atacar a la población, todo por orden de la pareja dictatorial.
En el caso de las mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Alfred apuesta por la refundación de la institución policial, porque desde su punto de vista, no existe una policía como tal; simplemente es una aparato de represión.
Otra de las observaciones que realizan las activistas feministas es el cambio del uniforme de dicha institución, ya que el actual representa represión, dolor, encarcelamiento, torturas y asesinatos; lo que genera un rechazo colectivo en el país.
“La Policía debería de responder a una ciudadanía que es la que le paga, debe haber una transformación profunda qué se sienta responsable por la gente pobre y no los poderosos (…) A una transformación, que no crean que su responsabilidad es frente al presidente, frente al ministro o a cualquier ciudadano que tiene poder, sino que tiene responsabilidad ante todos”, enfatizó Solís.
Mujeres en cargos policiales
Pese a que fue la exdirectora Aminta Granera, al frente de la institución policial que le cedió el poder a Daniel Ortega para hacer a su gusto y antojo la sancionada Policía sandinista; las activistas confían que hay mujeres que se desempeñaran mejor en los cargos públicos y que no responderán a una persona o partido, sino a los nicaragüenses.
Dávila detalló que Aminta no falló por ser mujer, sino por ser «una corrupta adepta» al dictador Ortega. “Las violaciones a los derechos humanos son viejos, el proceso de descomposición en esta jefatura fue cuando Ortega llevó al mayor grado de descomposición la institución” Finalmente, las activistas esperan que en la nueva institución policial las futuras autoridades luchen por el enfoque de género de cada oficial y que conozcan sobre el respeto a los derechos humanos.