Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, denuncio la «represión fiscal» que están sufriendo su esposa, suegra y cuñada, por negarse a pagar ilegal reparo con la «astronómica suma de 9 millones 478 mil córdobas» para la Alcaldía de Managua, motivo por el cual las quieren encarcelar.
Según Chamorro, «desde hace meses el régimen en su afán por conseguir recursos económicos se ha dedicado a presionar a empresarios y empresarias del país con abusivos cobros, reparos y multas».
El director ejecutivo de la Alianza Cívica afirma que estos casos tienen el objetivo de recaudar recursos por medio de la presión ilegal, pues existe la amenaza de mandar a la cárcel si no pagan.
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«Han habido varios casos de este tipo. Empresarios han caído presos por supuestas deudas con el Estado, son decenas de casos de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero», señaló Chamorro, quien agregó que los afectados no han querido denunciar por temor a represalias.
Chamorro, califica este acto como «terrorismo fiscal», en donde señala, hay una red de abogados supuestamente privados que trabajan en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua.
Esposa, suegra y cuñada de Chamorro con orden de allanamiento
Chamorro denunció, además, que el día 21 de agosto a través de la jueza Imara Isabel Castro Martínez y su secretario Juan Carlos Ruiz Muñoz, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, se dictó orden de allanamiento de morada y detención contra su suegra Victoria Lacayo, propietaria de la inmobiliaria Intermezzo del Bosque. La misma orden para su esposa y cuñada, Victoria y Gabriela Cárdenas, la segunda quien vive fuera de Nicaragua.
«Después de una auditoría impuesta por la Comuna, la Dirección de Recaudación dictaminó que la urbanizadora había ganado, solamente entre los años 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas. La auditoria sentenció que se le debe a la Alcaldía la astronómica suma de 9 millones 478 mil córdobas», dice Chamorro.
La medida que tomaron ante el cobro fue buscar recursos en la vía administrativa, los cuales no tuvieron ningún resultado, indica Chamorro.
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«El 9 de julio, a través del despacho jurídico Rojas y Ramírez y una carta firmada por Ricardo Humberto Ramírez McNally, mi suegra, cuñada y esposa fueron advertidas y amenazadas con cárcel si no pagaban la exorbitante suma de 9 millones 478 mil córdobas», afirma Chamorro.
Según Chamorro, la inmobiliara posee las solvencias fiscales recibidas por la Alcaldía, en las cuales está la última, vigente al 31 de diciembre del 2019.
Ante la orden de la jueza, las afectadas sometieron un recurso de amparo ante el tribunal de apelaciones para que se suspenda el allanamiento y la detención, «aunque las probabilidades son muy bajas, como ha pasado en los demás casos», agrega Chamorro.
Chamorro aprovechó la denuncia pública para hacer un llamado a otros empresarios que han sufrido el mismo abuso, para que denuncien la «represión fiscal» contra la libre empresa, lo cual ahuyenta la inversión y impide la generación de empleos, señaló.