Según el estudio denominado «Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento», las autoridades nicaragüenses se «confabulan» en la venta ilegal de tierras y utilizan la «represión policial» para desplazar a los nativos.
La investigación es del centro de pensamiento de asuntos ambientales Oakland Institute, y concluyó que el Gobierno que preside en Nicaragua el sandinista Daniel Ortega atenta contra los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Según la investigación, cuya presentación estuvo a cargo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Gobierno de Ortega ha ofrecido el 90 % del territorio nicaragüense en concesiones para empresas mineras y forestales y ganaderos.
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La venta ilegal de tierras ha provocado un conflicto que ha dejado 46 indígenas asesinados desde 2011, 10 de estos en 2020, a manos de «colonos» (invasores).
«Los funcionarios nicaragüenses se confabulan en la venta ilegal de tierras y la represión policial patrocinada por el Estado de las comunidades que se resisten al despojo», señaló el informe, dirigido por la investigadora estadounidense Anuradha Mittal.
Mittal explicó que el título de la investigación se refiere a la promesa no cumplida de autonomía y autodeterminación para los pueblos indígenas y afrodescendientes que trajo consigo la revolución de 1979 en Nicaragua, que fue gobernada por primera vez por los sandinistas hasta 1990.
«No es un informe de la CIA»
«No es un informe de la CIA en contra de un Gobierno socialista. Esto tiene que ver con los derechos de tierras indígenas, esto no tiene que ver con la revolución sandinista, por eso le llamamos el fracaso de la revolución. Lo que ocurre en Nicaragua es la repetición del régimen somocista bajo la Administración de Ortega», explicó Mittal.
Según la fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, en los últimos nueve años el tráfico de tierras con la «complicidad» del Gobierno de Ortega ha dejado entre los indígenas «46 asesinados, 49 heridos, 46 secuestrados, 4 desaparecidos, y casos de violencia sexual».
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«Estamos en un curso hacia el etnocidio», advirtió la directora del Programa México y Centroamérica del Cejil, Claudia Paz y Paz.
«En la región de Centroamérica y América Latina, el caso de Nicaragua es bastante particular, porque su legislación es bastante avanzada, sin embargo esta recoge letra muerta por las graves omisiones, pero incluso acciones del Estado de Nicaragua», agregó Paz y Paz, basada en que la Constitución reconoce la autonomía indígena.
De acuerdo con el informe, la parte legal del ordenamiento territorial que devolvió la mayoría de tierras indígenas a sus dueños territoriales en los últimos 17 años se ha cumplido de manera satisfactoria, no así el «saneamiento», que consiste en expulsar del lugar a los usurpadores, pues el Gobierno ha asegurado que «no es su responsabilidad».
Condiciones precarias
Como consecuencia, los indígenas no solamente han sufrido violencia, sino también el desplazamiento forzoso que los lleva a vivir «en condiciones precarias, habitando en chozas de bambú, esto ha causado en niños y ancianos un deterioro de su salud que amenaza con la pérdida de vida», sostuvo Cunningham.
La fundadora de Cejudhcan mostró el relato de una indígena que afirmó que los «colonos» tratan «como animales a los miskitos».
«Las mujeres hemos sido golpeadas, violadas», por lo que una parte han optado por abandonar sus casas, en travesías que las lleva a dormir con sus hijos bajo lluvia y «en el lodo, sin alimentos, ni medicamentos», agregó.
Cunningham, quien dio sus aportes a la investigación, reclamó que la Policía de Nicaragua no investiga los casos contra indígenas, ni garantiza el cumplimiento de las provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de los nativos.
La investigación, que se encuentra en la web del Oakland Institute, muestra «testimonios de primera mano de miembros de comunidades que han sido objeto de violencia intensa, incluyendo asesinatos, secuestros, quema de viviendas y otras intimidaciones vinculadas a invasiones de tierras».
También «revela la complicidad entre los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y las empresas extranjeras a medida que expropian a las comunidades indígenas, llevándolas al hambre y a la enfermedad y creando un asfixiante mapa de confinamiento».