El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, GHREN, publicó hoy jueves, un informe contundente que identifica por primera vez a decenas de funcionarios de l dictadura sandinista, del ejército y del Frente Sandinista que, según afirma, son responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión sistemática y generalizada en Nicaragua.
Todas las 54 personas nombradas en el informe– que detalla estructuras institucionales, cadenas de mando y responsabilidades individuales – han desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y medios de comunicación, campañas de desnacionalización y confiscación de propiedad privada.
«Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores», dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo. «Este informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo.»
Documentado con contundencia
El informe de 234 páginas – basado en extensas entrevistas, documentación verificada y fuentes confidenciales – incluye diagramas detallados que mapean las relaciones entre actores estatales y no estatales dentro del aparato gobernante de Nicaragua. El informe subraya cómo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo – quienes han asumido los títulos de «copresidentes» tras una reforma constitucional en febrero de 2025 – han construido un régimen centralizado y represivo que ha cooptado todas las ramas del Gobierno y que ha difuminado los límites entre partido y Estado.
«Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales», dijo Ariela Peralta, experta del Grupo. «Estos no son incidentes aleatorios o aislados – son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas.»
Los Expertos reiteraron su llamado a que la comunidad internacional tome medidas urgentes y concretas, incluyendo acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil.
«Este informe es una hoja de ruta para la justicia», dijo Reed Brody, experto del Grupo. «Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas.»
La lista de individuos nombrados fue compartida previamente de manera confidencial con el regimen de Nicaragua, que continúa rechazando toda cooperación con el Grupo.
El 27 de febrero de 2025 – un día antes de que el informe principal del Grupo fuera presentado ante el Consejo de Derechos Humanos – el Gobierno anunció su retiro del Consejo y de todos sus mecanismos subsidiarios.
