La Fundación del Río denunció el martes un alarmante aumento de la minería ilegal en zonas protegidas, incluyendo el surgimiento de un nuevo sitio de extracción dentro del territorio indígena Rama y Kriol equivalente a unos 350 campos de fútbol.
En 2022, Fundación del Río denunció el nuevo sector de minería ilegal conocido como Las
Cruces. Luego de dos años, en 2025 dicho sitio aumentó considerablemente y abarca un área de unas 250 hectáreas, que para dimensionarlo se traduce en el espacio que ocuparían unos 350 campos de fútbol.
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«Se ha logrado identificar aproximadamente unas 724 champas de plástico y de zinc que han sido construidas por los invasores güiriseros que realizan la minería ilegal. El sitio minero Las Cruces cuenta con al menos tres sectores que han denominado los propios güiriseros como “Nueva Managua” o “Managüita”, “Siuna” y “Bonanza”. Se estima una población fija de más de 3.000 personas, además de trabajadores y comerciantes temporales. El sector cuenta con dos bares, una iglesia y presencia creciente de prostitución», dice la denuncia.
Además, «Fundación del Río» ha identificado un «nuevo foco de minería ilegal» dentro de la propia «Reserva Biológica Indio Maíz y del Territorio Rama y Kriol», en una zona conocida como «Piedra Fina», a orillas del Río Caño Negro. Este punto, surgido recientemente según imágenes satelitales comparadas entre 2023 y 2024, ya cuenta con «dos centros de extracción activa» y se encuentra conectado mediante un nuevo camino al sitio de «Las Cruces», lo que podría favorecer la expansión de esta actividad ilícita.
Para Fundación del Río, la expansión de la minería ilegal representa una amenaza directa a la biodiversidad y al equilibrio ecológico de una de las reservas más importantes del país. La organización recuerda que las leyes nacionales —como la «Ley N.º 217 de Medio Ambiente», el «Reglamento de Áreas Protegidas» y la «Ley N.º 387 sobre Explotación de Minas»— «prohíben toda actividad minera dentro de áreas protegidas».
La Fundación condena la «negligencia del régimen Ortega Murillo», al que acusa de ser cómplice del deterioro ambiental mientras continúa solicitando fondos internacionales supuestamente destinados a la protección de reservas. Por ello, hace un «llamado urgente a la comunidad internacional a no seguir financiando al régimen sin garantías ni resultados reales en la defensa ambiental».