Por Manuel orozco. Siete años después Nicaragua es un país con una economía más débil. A pesar de que el régimen de Ortega y Murillo asumió completo control económico, político y social del país, sus políticas no han aportado mucho a los nicaragüenses: sin migración forzada, el país no hubiera crecido estos siete años.
Ante un discurso político excluyente, tóxico, pero que también habla de las obras para los nicaragüenses en diferentes ámbitos, los datos muestran un país sin avance. Esto pudo ser evitable, el régimen tenía en sus manos la opción de promover un acercamiento franco en pro del interés nacional. Ahora la única salida económica radica en el cambio político.
Gasto e inversión pública sin resultados
La política económica fiscal del gobierno en estos últimos siete años muestran un crecimiento de la renta tributaria, y un aumento de la inversión pública, que no muestran resultados concretos. Primero, el ingreso por concepto de la renta tributaria se duplica considerablemente. Pasa de un 16% a 21% del ingreso nacional. El gasto público no se beneficia de ese aumento en las arcas del Estado, y no crece de la misma manera, se maneja en 12% del PIB.
La inversión pública crece 17% anualmente y se duplica de 5% a 9% del PIB. Es un salto gigante casi comparable con el tamaño de la inversión privada la cual sube marginalmente de 12% a 14% del PIB. Los recursos utilizados para esa inversión no provienen de los impuestos, sino del endeudamiento externo (en casi $3000 millones en 7 años) porque la contribución anual del Estado para efecto de obras públicas (que son el 70% de su inversión en manos del ministerio de transporte e infraestructura, energía y minas o viviendas) se mantiene en un promedio de $350 millones anuales—se dedica menos del gasto público para la inversión: la renta sube, el gasto no, y la inversión pública crece por la via del endeudamiento externo, amortizando más que antes: de 2% del PIB en 2018 a 4% del PIB en 2024.
Esa inversión no crea empleo, los empleados del Estado no crecen en siete años. Tampoco crece el empleo formal, se mantiene en menos de un millón de trabajadores. Considerando que más de 800 000 personas han emigrado del país en este tiempo, se podría esperar un crecimiento más atenuado del empleo formal frente a la carestía que resulta de la salida de mano de obra: anualmente la fuerza laboral de Nicaragua se incrementa en 60 000 nuevos trabajadores, pero entre 2018 y 2024 más gente se ha ido y 15% de los que se fueron eran mano de obra calificada. Las empresas formales se quejan de no poder encontrar talento y más bien, la fuerza laboral en la economía informal aumenta en ese periodo a 74% del total de los trabajadores. Los salarios promedios no crecen ni 1% anual, de $344 a $407 entre asegurados ($359 promedio) en siete años, mientras que la canasta básica casi se duplica a más de $600.
Entonces, ¿qué paso? Los más de $1,000 millones anuales en inversión en carreteras y caminos y el aumento de más de $500 millones en impuestos no tienen un efecto distributivo y dejan muchas interrogantes sobre las verdaderas intenciones de esa inversión y del destino del gasto público. Alguien se ha hecho rico, pero no fue el pueblo.
Economía de consumo
Durante esos 7 años hay una actividad económica realmente mediocre. El ritmo exportador mantiene un modesto crecimiento anual del 6% sin agregar los trabajadores en la zona franca en más de 2000 personas durante ese lapso o en agricultura. La inversión privada no crece, se mantiene a un ritmo menor al consumo privado y no genera empleo formal, o no se aprovecha de la inversión pública para invertir en sectores económicos beneficiados por las construcciones del estado.
Esta se concentra fundamentalmente en suplir la demanda del consumo privado, más que en la inversión. La inversión financiera de parte de personas físicas no creció en negocios, sino en gran medida en consumo de bienes importados.
Hay una brecha incremental en el déficit comercial en donde las importaciones hacen que esta se triplique de $900 a $3000 millones. Las importaciones reflejan una demanda de bienes externos que la economía local no puede suplir. Esta brecha muestra que el método tradicional de actividad económica caracterizado por dos pilares económicos, uno, el de las exportaciones apoyadas en mano de obra poco calificada en zona franca o agroexportación, y dos, por una economía informal que opera en mercados saturados, no puede crecer más de lo que ha hecho, mientras la demanda de insumos para la vida cotidiana crece.
La brecha comercial es la más grande de Centroamérica, pasa de 7% del PIB a 17% en siete años. Un factor que aumenta las importaciones es la compra de bienes de transporte (automóviles), que antes del 2018 eran el 9% del total importado y habían disminuido a 5% y se recupera de nuevo en 2023; pero esta recuperación se correlaciona con el ingreso de remesas.
En general, la inversión privada no se acopla a la demanda. A estas alturas, la política económica debió haber orientado una transformación en inversión en capital humano para aumentar el valor de sus productos y desfasarse de un modelo económico obsoleto.
Las remesas aparecen como el eslabón perdido del crecimiento económico frente al agotamiento de la economía informal y exportaciones con poco impacto en la cadena de valor nacional. Un análisis econométrico de los indicadores clave de la economía muestra que el impacto del crecimiento de las remesas, que pasan de $1,000 millones en el 2018 a $5,200 al año pasado, se correlaciona estadísticamente por encima de otros factores. Por cada dólar invertido por el estado, el país genera 38 centavos, y las exportaciones 23 centavos. Sin embargo, un dólar de las remesas desde 2018 al presente, aumentó el ingreso en $1.18. De hecho, si la migración no hubiera ocurrido, ceteris paribus, y las remesas solo crecieran 8% anual, el ingreso per cápita sería de $2900 y no de $4000, el crecimiento económico anual hubiera sido de 1%. El crecimiento en el consumo privado y la economía ocurre con las remesas.
Al comparar la matriz de insumo producto de la economía nicaragüense, la contribución a la economía de factores externos cambia con el tiempo. Mientras las exportaciones agrícolas, manufacturas y mineras dejan entre 70% (agroexportación) y 30% (para minería y zona franca) de sus exportaciones para la economía local, al integrar las remesas en esa matriz, la contribución de este ahorro externo a la economía doméstica es mayor, de 90%. Aunque las exportaciones son el 43% del PIB, solo un cuarto del valor exportado es lo que se queda en la economía local (en salarios y gastos en la cadena de valor), equivalente a 11% del PIB. Sin embargo, las remesas, después de importaciones, dejan 25% del PIB para la economía local.
Esta realidad refleja que la dependencia externa económica se agiganta. Al incluir el endeudamiento externo dentro de la inversión pública junto con las remesas y las exportaciones, ellos son un insumo de 41% para la economía local. En otras palabras, el dinamismo económico domestico del país no crece, el crecimiento ocurre en dependencia del exterior.
Segundo, el consumo privado crece en función del ingreso de las remesas, y las inversiones públicas y el gasto del Estado (que en conjunto pasan a ser 25% del PIB) parecen estar operando de forma paralela en otra economía—la de la captura de estado. Sin remesas, la crisis económica perduraría todo este tiempo. Hasta la captación de impuestos provenientes de ingresos de remesas explica sobremanera el gran ingreso de la renta.
¿Captura de Estado = Corrupción?
La calidad del capital humano continúa siendo precaria e inaccesible, las escuelas no mejoran su rendimiento académico, las universidades disminuyen su cobertura (en el 2022 eran 185,000 estudiantes matriculados, bajando a 180 000 en 2024 y al 2025 el Consejo Nacional de Universidades registra lo mismo: 130 000 de reingreso y 50 000 de a primer año) pero la calidad también baja, y en medio de un incremento de jóvenes en el país en momentos que la emigración va en disminución.
A la par de la creciente dependencia externa, los niveles de corrupción y cleptocracia se manifiestan sistémicamente. El endeudamiento externo financia al Ministerio de Transporte e Infraestructura, que administrado por un exmilitar realiza contratos millonarios que adjudica a empresas vinculadas a la cúpula del poder. A la par está la oficina de vivienda urbana y rural, también en manos de otro militar retirado, que promueve la autorización de subsidios y préstamos de vivienda y recomienda contrataciones de empresas de construcción que pertenecen a sus propios familiares. El INVUR se apoya de la llamada cooperativa Credicoop, que maneja los fondos de Caruna y el sancionado Bancorp, y se ha dedicado a otorgar préstamos de vivienda a través de las ferias que realiza el gobierno y distribuir favores económicos a los amigos del círculo de poder. Estas actividades ilustran y se compaginan con otros estilos de capturar el estado. El fracaso del MEFFCA (sustituido por el “ministerio del Emprendimiento”) es un ejemplo palpable de la corrupción del estado-familia. Rosario Murillo ha purgado a gente cercana al círculo de poder, poniendo a sus socios en casa por cárcel de facto por excederse en el robo al Estado, incluyendo los casos de “pasadas de cuentas” hacia operadores locales en las alcaldías. La corrupción ocurre mediante el manejo arbitrario y discrecional en cientos de millones de dólares sin ningún rendimiento de cuentas.
En medio de un declive de remesas, un creciente déficit comercial (que puede aumentar si Trump impone sanciones y tarifas), un peso mayor en pagos de deuda externa, y menos migración, más retorno de miles de nicaragüenses, la desaceleración económica puedee aumentar la ya existente tensión social subyacente.