La dictadura de Daniel Ortega y su “copresidenta” y esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua, no cesa en su persecución contra la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas: ahora vigila a sacerdotes, revisas sus celulares y les exige informes semanales de sus actividades, además de restringirles la libertad de movimiento.
Los medios independientes del país informan que “para los sacerdotes que quedan Nicaragua, las homilías deben ser totalmente teológicas. No pueden hablar de temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia o críticas sociales”.
Los sacerdotes “reciben visitas frecuentes de policías que les revisan los celulares para ver si se comunican con los obispos y sacerdotes que están fuera del país o con periodistas”.
222 violaciones a la libertad religiosa
La organización cristiana internacional Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha publicado un informe que confirma las “medidas cautelares” de la dictadura contra líderes religiosos, como la obligación de presentar informes semanales a la policía, compartir los detalles de su planificación y la prohibición de salir de su municipio sin autorización del régimen.
El informe también denuncia la prohibición de procesiones y marchas religiosas, además de la “vigilancia gubernamental abierta y encubierta”.
El texto de la organización internacional alerta que “predicar sobre la unidad o la justicia u orar por líderes religiosos encarcelados o incluso por la situación general del país, por ejemplo, puede considerarse una crítica al gobierno y clasificarse como un delito”.
El documento da cuenta de 222 violaciones a la libertad religiosa en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, además de 46 casos de detenciones arbitrarias de líderes religiosos, como las laicas católicas Carmen María Sáenz Martínez (49), y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda (38), que “han estado incomunicadas sin que se haya proporcionado a sus familias ninguna prueba de que están vivas”.
El informe recuerda el caso del P. Luis Eduardo Benavides, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, que el 27 de agosto de 2024 fue advertido por la policía de la dictadura, que le informó que desde entonces “la policía lo visitaría todos los martes para entrevistarlo y tomarle una fotografía” y que las “medidas cautelares eran el resultado de una orden de Managua”. El sacerdote huyó a Honduras muy temprano el 28 de agosto.
CSW precisa además que en 2024 “recibió nueve informes adicionales de sacerdotes católicos romanos sometidos a medidas cautelares. En cada caso, el sacerdote fue detenido e interrogado primero por la policía” y se les dijo que de no cumplir con alguna medida serían detenidos o desterrados.
Un pastor evangélico
CSW también se refiere al caso del pastor evangélico Efrén Antonio Vílchez López, que trabajaba con más de 100 iglesias cristianas, quien fue golpeado y encarcelado en 2022 por haber criticado públicamente la violencia de la dictadura.
Ahora está encarcelado, no se le permite ningún libro, menos una Biblia y, “desde agosto de 2024, solo se le proporciona un pequeño recipiente con agua al día. Se le ha privado de luz natural y aire fresco, ya que rara vez se le permite salir al patio de la prisión”. Además no le entregan los alimentos y medicinas que le llevan a la prisión.
El informe de CSW indica además que protestantes y católicos “denunciaron con frecuencia la infiltración y el uso de informantes en congregaciones de todo tipo, para vigilar e informar sobre el contenido de sermones, oraciones y otras actividades, lo que indica que el gobierno ve a las comunidades religiosas o de creencias con creciente sospecha y las vigila de forma activa y sistemática”.
La policía también ha exigido no mencionar en público algunos temas como los presos políticos, Israel y la situación general en Nicaragua, así como no utilizar la combinación de los colores de la bandera nacional, azul y blanco.
Recomendaciones de CSW para la dictadura
El informe de CSW presenta algunas recomendaciones para la dictadura de Nicaragua, como la liberación de los líderes religiosos y los presos políticos encarcelados, la restitución de la ciudadanía nicaragüense a todos a quienes les fue retirada arbitrariamente.
También le solicita restablecer la personalidad jurídica de las más de 5.000 organizaciones no gubernamentales cerradas arbitrariamemte y descongelar las cuentas bancarias de universidades, organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos en todo el país. Tomado de ACIPrensa.