La Organización Internacional del Trabajo, OIT, notificó a la dictadura sandinista que ha recibido su decisión de abandonar el organismo, pero le recordó que para que se haga efectivo deben pasar dos años desde la denuncia del tratado y estar solvente con las obligaciones financieras del Estado con su membresía.

Gilbert F. Houngbo director-General de la OIT, fue quien se encargó de responder al canciller de la dictadura Valdrack Jaentschke, los señalamientos que hizo en contra de la entidad mundial asegurando que se presta a «desestabilización» y «maniobras intervencionistas», que la han puesto al margen del marco jurídico derivado de su nacimiento.

Esperar dos años y estar al día

Houngbo recordó al canciller de la dictadura que el párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dispone lo siguiente: «Ningún Miembro de la Organización Internacional del Trabajo podrá retirarse de la Organización sin notificar su intención al Director General de la Oficina Internacional del Trabajoy que dicha notificación surtirá efecto dos años después de la fecha en que el Director General la haya recibido, a condición de que el Miembro haya cumplido en ese momento todas las obligaciones financieras derivadas de su condición de Miembro».

Además le recuerda que cuando un Miembro denuncia el convenio, el hecho no afectará a la continuación de la validez durante el período previsto en el Convenio de todas las obligaciones que se deriven de él o se refieran a él.

La dictadura decidió retitarse de la OIT, porque considera que las revisiones que hacen sobre su actuar son «repetidos e inapropiados» y que eso evidencia de la «desnaturalización de la OIT, «que está actuando de manera politizada, prestándose a la desestabilización y a las maniobras intervencionistas al tratar cuestiones esencialmente políticas que se encuentran dentro de la jurisdicción nacional de los Estados».

«Las decisiones que ha venido tomando el Consejo de Administración de la OIT son sesgadas, carecen de objetividad, se basan en información tergiversada y en informes de entidades que han acompañado la maquinación de individuos que han atentado y siguen atentando contra la paz y la tranquilidad, y son autores de múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, atrocidades y atropellos contra el pueblo nicaragüense. causando también destrucción y daños incalculables a la economía nacional» por lo que decidieron retirarse del organismo, añadió el canciller de la dictadura.

El titular de la OIT, respondió que de conformidad con las disposiciones anteriores, la notificación de intención de retiro presentada por el Gobierno de la República de Nicaragua, que recibí el 28 de febrero de 2025, entraría en vigor el 28 de febrero de 2027, siempre que en ese momento hubiera cumplido con todas las obligaciones financieras derivadas de su membresía.

A partir de entonces, la República de Nicaragua quedará vinculada por todas las obligaciones derivadas de los Convenios de los que sea parte o que se refieran a ellos durante el período previsto en ellos.

No hay sesgos y argumentan revisiones

Houngbo también refirió que tomó nota de las preocupaciones que ha expresado la dictadura con respecto a lo que considera un proceso de denuncia sesgado, carente de objetividad y basado en información subjetiva e informes del sistema de supervisión que siguen perturbando la paz y la tranquilidad de su país.

Al respecto recordó que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, independiente e imparcial, ha formulado desde hace muchos años a la dictadura observaciones sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación (núm. 87), 1948, y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en su país. Además, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (CAN) debatió la aplicación del Convenio núm. 87 en 2022, 2023 y 2024, y del Convenio núm. 111 en 2023.

«Estos organismos han ofrecido asistencia técnica en numerosas ocasiones, y en 2022 invitaron a su Gobierno a aceptar una misión de contactos directos. Durante las discusiones de la CAN, su Gobierno pidió a la OIT que evaluara positivamente los progresos realizados por su país en estas esferas», indicó Houngbo.

«Estoy firmemente convencido de que los ofrecimientos de asistencia y las misiones, incluso por parte del Consejo de Administración en el marco de una queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, habrían permitido evaluar estas cuestiones pendientes», añadió.

A la vez lamentó que, a pesar del compromiso de la Oficina de la OT de facilitar la asistencia y las visitas a Nicaragua, los esfuerzos no hayan tenido una respuesta positiva. «Espero sinceramente que el plazo de dos años de preaviso estipulado en la Constitución sirva para resolver las cuestiones pendientes y permita a la República de Nicaragua permanecer en la Organización Internacional del Trabajo», indicó.

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