Chen XI, embajador de China en Nicaragua saludó la entrada en vigor de una reforma a la Constitución que le otorga poderes monárquicos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Quería saludar al pueblo nicaragüense por la recién publicación de la Constitución de la República de Nicaragua, aprobada por unanimidad por los legisladores de la Asamblea Nacional», señaló el diplomático chino en un acto público el domingo.
La reforma que saludó el embajador chino transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a Ortega y Murillo, quien ahora tiene el cargo de copresidenta.
«Consolida derechos», dice el chinito
Para el chino se trata de «una Constitución revolucionaria y democrática, una Constitución que fortalece y consolida aún más los derechos de educación, salud, seguridad, de bienestar y de todos los derechos que le asiste al honorable pueblo nicaragüense”.
Asimismo, saludó a los copresidentes Ortega y Murillo «por su gran responsabilidad y su compromiso, su empeño de dirigir al pueblo nicaragüense a un futuro más brillante».
La enmienda amplía de cinco a seis años el periodo presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crean las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores, a petición de Ortega, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
Las transformaciones del mamotreto
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado «revolucionario», libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la «democracia directa», que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La Presidencia dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, según la norma.