La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó el 27 de diciembre del año pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el caso Nº 13.660, relacionado a la vulneración de derechos al pueblo indígena de Muy Muy y su comunidad de Uluse.
En 2012 la comunidad indígena de Uluse inició una demanda contra el Estado de Nicaragua ante la Corte IDH por la violación al derecho territorial indígena de Muy Muy, al otorgar concesiones de sus tierras a extranjeros, así como ubicar a personas desmovilizadas tanto del ejército como de la resistencia nicaragüense, con el propósito de desalojarles.
No respetan autoridades locales
El pueblo indígena Muy Muy (PIMM), en Matagalpa, con 12 mil habitantes dedicados a la ganadería, agricultura y producción de lácteos, es tradicionalmente gobernado por su Junta Directiva, el Consejo de Ancianos y el alcalde de Vara, quienes velan por el bienestar comunitario.
Sin embargo, desde 2003, las autoridades municipales de la dictadura sandinista han impuesto dirigentes locales, negando al pueblo su derecho a elegir sus representantes.
Esto ha generado conflictos sobre el uso de tierras, así como títulos comunales duplicados, y un aumento de la violencia, con hechos graves como el asesinato de Bayardo Alvarado Gómez, ataques contra Dionisio López, Adolfo Maradiaga Rodríguez, y contra el secretario general del PIMM. Además, se han reportado la quema de ranchos, construcciones ilegales, y restricciones de acceso al agua.
En el Informe de Admisibilidad y Fondo de la CIDH, concluyó que el PIMM ha sido impedido de elegir a sus autoridades tradicionales debido a la imposición de autoridades municipales y la creación de órganos paralelos, lo que ha generado conflictos territoriales.
Además, el Estado no garantizó un proceso adecuado de consulta antes de otorgar títulos de propiedad de las tierras indígenas a terceros, violando los derechos a la autodeterminación, propiedad y consulta previa, lo que ha causado la imposibilidad de disfrutar pacíficamente sus recursos naturales y medios de subsistencia e incrementado la violencia.
Sin garantías judiciales
Asimismo, la CIDH señaló que el Estado no garantizó recursos judiciales efectivos para proteger los derechos del PIMM, lo que afectó desproporcionadamente su acceso a tierras y recursos naturales. La Comisión también responsabilizó al Estado por la falta de prevención del asesinato de Bayardo Alvarado Gómez en 2013 y por no realizar una investigación adecuada para identificar y sancionar a los responsables.
La CIDH concluyó que el Estado de Nicaragua violó varios derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en relación con los artículos 1.1 y 2, incluyendo los derechos políticos (art. 23), la propiedad privada (art. 21), la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), y el derecho a la vida digna, a la integridad personal y al desarrollo progresivo (art. 4, 5 y 26).
Además, se vulneraron derechos relacionados con la autodeterminación, la consulta previa sobre tierras, y la falta de garantías judiciales (art. 8.1, 24, 25.1), así como la no prevención del asesinato de Bayardo Alvarado Gómez (art. 4, 8.1, 25.1).
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación:
- Delimitar, demarcar y otorgar un título colectivo registrable de propiedad de tierras y territorios al pueblo indígena de Muy Muy, asegurando pleno dominio.
- Realizar una investigación exhaustiva sobre los actos de violencia, identificar a los responsables y sancionarlos conforme a estándares internacionales que incluya la investigación de la muerte de Bayardo Alvarado Gómez.
- Reparar de manera individual y colectiva los daños causados por la imposición de autoridades, invasión de tierras y violencia.
- Adoptar medidas para evitar futuros abusos, tales como:
- Respetar la libre elección de autoridades y formas de organización de los pueblos indígenas.
- Asegurar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, respetando los derechos humanos y garantizando plazos razonables.
- Proveer recursos accesibles para proteger los derechos de pueblos indígenas en riesgo.
- Crear mecanismos eficaces para la titulación y protección de territorios ancestrales.
- Garantizar la consulta previa con participación del PIMM, conforme al Convenio 169.
Recientemente, la CorteIDH denunció que el Estado de Nicaragua favoreció a Daniel Ortega para apropiarse del poder desde el año 2011 hasta conseguir su reelección consecutivamente.
A criterio de la Corte Interamericana, el régimen sandinista fue el responsable de violar los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla, como candidato de la oposición a la presidencial en el proceso electoral de ese año.CorteIDH: Daniel Ortega violó la Constitución al reelegirse en 2011