La estrategia de control sobre la educación que realiza la dictadura, especialmente en el ámbito universitario, ha dejado como resultados la confiscación de alrededor de 37 centros educativos desde 2021 y, la afectación directa a unos 40,000 estudiantes.

Así lo indica un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), titulado «El comprometido futuro de Nicaragua: Desafíos en la educación de las juventudes», que expone cómo las políticas de control estatal han deteriorado la calidad educativa y limitado el acceso a oportunidades de formación.

El informe también destaca el impacto de esta crisis en el personal docente. Según datos del Banco Central al servicio de la dictadura, entre 2020 y 2023, el sistema educativo perdió 2,428 docentes. Este fenómeno se atribuye a factores como los bajos salarios, las precarias condiciones laborales, el hostigamiento político dentro de los centros educativos y el despido discrecional de directores.

A pesar de ello, el CETCAM subraya que la educación sigue siendo clave para el desarrollo del país. «Con más población en edad de trabajar, es la ocasión de oro para el desarrollo del país si se invierte en educación de calidad y empleo para esa población».

Desafíos 

El Cetcam identificó varios desafíos que el sistema educativo nicaragüense debe superar para lograr una educación orientada al desarrollo humano de las juventudes.

En primer lugar, señala que se debe «ampliar el acceso equitativo de la juventud, organizando un sistema educativo que garantice la diversificación de la oferta, estimule la demanda y diseñe e implemente modalidades de estudio flexibles».

En segundo lugar, la calidad educativa, aunque las actuales generaciones tienen mayor acceso a la educación básica que sus antecesores, «no cuentan con mejoras en la calidad, ni garantías de continuidad». Señalan que este reto «va más allá de las capacidades gubernamentales y no solo está asociado a la pertinencia curricular».

Como tercer desafío, el informe considera urgente implementar una reorganización estructural del sistema educativo, «liberándolo de partidismos» y restaurando la autonomía universitaria. 

La posibilidad de volver

El informe también enfatiza la importancia de generar condiciones que permitan el retorno de los jóvenes en formación y su reinserción en procesos productivos. Esto es clave para aprovechar el bono demográfico y romper el ciclo de pobreza que amenaza el futuro del país.

Se estima que desde 2018 aproximadamente el 10% de la población ha emigrado, con un gran porcentaje de jóvenes que huyen de la persecución política o buscan mejores oportunidades educativas.

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