Diversos grupos de nicaragüenses se presentaron éste jueves ante Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), para brindar sus testimonios una investigación sobre los actos, políticas y prácticas relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho en Nicaragua.
Miembros de la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la Alianza Universtaria Nicaragüense, AUN, periodistas y movimientos ambientalistas, informaron de su decisión de brindar testimonio para la investigación de la Sección 301.
La CDN explicó que dos integrantes de su directorio político testificaron sobre la represión que comete el régimen Ortega-Murillo contra los derechos laborales y humanos, lo cual desincentiva el comercio, la inversión y está aislando a Nicaragua.
148 denuncias
La USTR abrió a Nicaragua el pasado 10 de diciembre, una investigación sobre los actos,
políticas y prácticas relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el
Estado de derecho. En su primera fase este proceso recibió 148 denuncias escritas.
“Nosotros aprovechamos cada oportunidad como esta, para sentar nuestra posición sobre la
urgente necesidad de restaurar la institucionalidad democrática en Nicaragua, pues sin ella no hay posibilidades de inversiones sanas que generen empleos estables», dijo el secretario ejecutivo de la CDN, Eliseo Núñez Morales.
«Bajo el modelo actual, el Estado de derecho es sustituido por el favor y la coima, esto imposibilita la relación comercial en condiciones de equidad para cualquiera que tenga empresas en Nicaragua o realice transacciones comerciales con el país”, añadió.
Juan Sebastián Chamorro, en su testimonio planteó a los miembros del panel las violaciones a los derechos humanos en su contra y como los derechos laborales, así como el estado de derecho han sido destruidos en Nicaragua.
«Para que el comercio prospere y la inversión florezca, cualquier economía requiere cinco condiciones básicas: derechos de propiedad, estado de derecho, políticas fiscales sólidas, derechos laborales y derecho de los empresarios a asociarse. Ninguna de estas condiciones
existe en Nicaragua», indicó.
«Los inversores se enfrentan a la confiscación, los tribunales son armas de represión, los impuestos sirven de extorsión, se violan los derechos laborales y se niega a los
empresarios el derecho a organizarse», añadió.
Sendos testimonios
Aníbal Toruño, director de Radio Darío expuso la situación del medio que destruyeron en Nicaragua y de los periodistas en general. «Hasta el día de hoy, por razones de seguridad, no puedo mencionar a los periodistas que siguen tras las rejas», dijo Toruño.
«Después de seis años y medio, mi familia, periodistas de radio y colaboradores seguimos
para buscar justicia para aquellos que destruyeron nuestras vidas, encarcelaron, perseguieron, atacaron y obligaron a nuestras familias a vivir en el exilio, que es en sí mismo como el largo brazo de la represión del régimen de Daniel Ortega», dijo Toruño.
«Hoy Darío Medios Internacional, después de 76 años, seguimos superando la censura,
es por ello que en nombre de todos los periodistas y medios de comunicación que han sido cerrados, han tomado la decisión de venir a testificar públicamente con fuerza y determinación para denunciar el horror de la tragedia que Daniel Ortega ha impuesto», añadió.
El centro de pensamiento Expediente Abierto junto a Fundación del Río y la Campaña Patrullaje, también presentaron un informe ante la USTR, revelando el impacto de actividades mineras y ganaderas ilegales en territorios indígenas y afrodescendientes, así como la represión contra los derechos laborales en el país.
Afectaciones ambientales
Julio Martínez, director de Programas de Expediente Abierto, expuso que más del 32% de las exportaciones de oro de Nicaragua provienen de la minería ilegal. Esto se refuerza con datos de Fundación del Río, que ha documento, desde 2016, la existencia de más de 100 molinos y al menos tres sitios de minería ilegal en la Reserva Indio Maíz, un área de alto valor ecológico y cultural.
El régimen de Ortega-Murillo ha otorgado 141 concesiones mineras para la extracción de oro y plata en territorios indígenas y afrodescendientes. “Para generar estas exportaciones, las comunidades indígenas y afrodescendientes están siendo desplazadas sin procesos de Consentimiento libre, previo e informado, como exigen las normas internacionales”, señaló Martínez.
Se sostuvo “que se están sacrificando los derechos humanos de las personas más vulnerables el país en beneficio de entidades del sector minero alineadas” con el régimen nicaragüense.
Al respecto Amaru Ruiz, de Fundación del Río, declaró que “el mayor comprador de oro y arne es Estados Unidos y eso tiene relevancia porque el oro que se está extrayendo viene de concesiones que están dentro de áreas protegidas y territorios indígenas”.
Jóvenes atestiguan
Otros que participaron fueron los activistas Lesther Alemán, Dolly Mora, Miguel Flores y Yubrank Suazo, de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
Explicaron que como organización presentaron 22 testimonios y comentarios en la sección 301 como testigos directos de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
“Consideramos fundamental llevar nuestras voces y experiencias a un foro internacional para que la comunidad internacional comprenda la gravedad de la situación que enfrentamos”.
Resaltan que a través de nuestra participación buscan no sólo denunciar las injusticias, sino también instar a una revisión de las relaciones comerciales con Nicaragua.
“Es imperativo adoptar una postura firme que promueva la libertad y el respeto por los derechos humanos, enviando un mensaje claro contra las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Ortega y Murillo en nuestro país”, indicaron en un comunicado de prensa.
El comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Washington menciona que “numerosos informes creíbles del Gobierno de Estados Unidos, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua”, documentan que el régimen de Ortega-Murillo incurre en violaciones de los derechos laborales y los derechos humanos y en el desmantelamiento del Estado de derecho.