La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, intensificó la represión en el año 2024, ampliando el uso del exilio forzado y la privación de la nacionalidad como métodos para atacar a los críticos, abriendo el espacio para una dinastía familiar por medio de la reforma Constitucional, indica el informe del año 2025 dado a conocer por Human Rights Watch, HRW.
El informe dado a conocer el 16 de enero, señaló que el régimen continuó cerrando arbitrariamente un gran número de organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y ejerciendo otros mecanismos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores.
Concentración de poder y privación de nacionalidad
En noviembre, indicó HRW, Ortega propuso una reforma constitucional que ampliaría los poderes presidenciales y limitaría los derechos fundamentales. La reforma establecería una «copresidencia» con Murillo, y les daría la potestad de «coordinar» otros poderes.
Añadió que el régimen parece estar diseñado para proporcionar cobertura legal a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno, como despojar de la nacionalidad nicaragüense a quienes se consideran «traidores» a la patria y censurar a la prensa. La Asamblea debe aprobar la reforma en dos sesiones consecutivas, y la votación final está previsto para el nuevo período en enero.
HRW recordó que la dictadura expulsó a 135 presos políticos a Guatemala, despojándolos de su nacionalidad y confiscando sus bienes, en violación del derecho internacional. En noviembre, otros 46 opositores seguían detenidos, entre ellos algunos líderes indígenas. Más de 450 personas han sido despojadas de la nacionalidad nicaragüense desde febrero de 2023. Muchos se han convertido en apátridas.
En septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, reformó el Código Penal para permitir el enjuiciamiento en rebeldía de personas acusadas de cometer determinados delitos en Nicaragua fuera del territorio nacional. Esta reforma podría abrir la puerta a la persecución de los críticos en el exilio, incluidos los que han sido expulsados por el gobierno.
La Asamblea también amplió las facultades de los jueces para embargar bienes de los acusados y estableció sanciones penales para quien «promueva, solicite, gestione sanciones económicas o bloqueos económicos, comerciales y financieros bloqueos contra sus instituciones o funcionarios públicos».
Libertad religiosa
Asimismo el informe de HRW señaló la dictadura ha intensificado su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia Católica. Desde octubre de 2023, Nicaragua ha obligado a más de 200 figuras religiosas a exiliarse, las ha deportado o les ha prohibido regresar al país.
«En agosto expulsó a siete sacerdotes católicos tras recluirlos arbitrariamente durante varios días en un seminario. En enero expulsó a otros 19 clérigos católicos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, y los envió al Vaticano. Álvarez, crítico con el gobierno, había sido detenido arbitrariamente desde agosto de 2022 y condenado a 26 años de prisión sin el debido proceso. En total, las autoridades han detenido y posteriormente expulsado a 46 sacerdotes y obispos desde 2018», registró.
Desde 2023, la represión se ha extendido a grupos protestantes y evangélicos. En agosto, las autoridades dejaron en libertad y expulsaron a 11 pastores de una iglesia evangélica que habían estado detenidos desde entonces.
Libertad de expresión y de asociación
Los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos del gobierno son objeto de amenazas de muerte, ataques, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio en línea, detenciones arbitrarias, enjuiciamiento penal, privación de nacionalidad, expulsión y denegación de entrada a Nicaragua, sostuvo el informe.
El régimen ha cerrado más de 5.600 ONG, incluidas 1.500 que se cerraron en un solo día en agosto. Esa cifra representa aproximadamente el 80% de las ONG que operan oficialmente en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles de 2018.
También ha cerrado al menos 58 medios de comunicación desde 2018, según documenta la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG. La legislación abusiva facilitó muchos de los cierres.
Entre enero y junio, 26 periodistas huyeron del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que eleva a 263 el número total de trabajadores de los medios de comunicación que se han exiliado de Nicaragua desde 2018.