Diversos grupos de la oposición de Nicaragua manifestaron éste lunes su rechazo a la aprobación del golpe de estado que la dictadura sandinista decidió propinar a la Carta Magna, por medio del cual eleva a rango constitucional su política de estado despótico y sienta las bases para su proyecto dinástico.
En un pronunciamiento conjunto divulgado este lunes 13 de enero de 2025, distintas organizaciones de la sociedad civil y grupos opositores al régimen sandinista denunciaron lo que definen como la “muerte de la República” en Nicaragua, tras la inminente aprobación en segunda legislatura de la nueva Constitución que se espera en el transcurso de este mismo mes.
La Gran Confederación Opositora, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Renacer, emitieron un comunicado que desde 2016 la pareja Ortega-Murillo ejerce el poder de manera fraudulenta, y que en 2021 intensificaron una represión total que llevó al encarcelamiento de todos los precandidatos y líderes opositores, cerrando así cualquier vía para unas elecciones libres.
«Esta acción constituye la imposición de una nueva Constitución Política que elimina el Estado de Derecho, anula los derechos fundamentales y consuma la muerte de la República de Nicaragua», dice el documento.
Formalizan y legalizan represión
Añadieron que con esta reforma espuria, ilegal y aprobada de forma arbitraria, terminan por implementar lo que de facto ya hacían: un control absoluto del sistema electoral, consolidando un sistema de partido único que impone sus símbolos partidarios como nacionales y controla cualquier otra facción en la Asamblea Nacional.
«Esta reforma extingue cualquier vestigio de institucionalidad previa, reemplazando los cimientos del Estado con un régimen autoritario y totalitario que concentra todo el poder en el Ejecutivo, eliminando la separación de poderes y subordinando al Estado a los intereses de una sola familia», dice el comunicado.
Monteverde: Nueva Cn de «corte totalitario» de «dictadura bicéfala»
La Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, por su lado afirmó que la nueva Carta Magna no expresa la voluntad popular porque el régimen le negó a los nicaragüenses el derecho a participar en su redacción a través de la consulta ciudadana, y en su ratificación a través del voto en un referéndum habilitante.
«Ambas falencias se agravan porque tanto el poder Ejecutivo que redactó la reforma, como los diputados que la aprobaron fueron electos en un proceso que la Organización de
Estados Americanos (OEA) calificó de ilegítimo», indicaron en rueda de prensa.
Los opositores indican que la designación de Rosario Murillo como «copresidenta» consolida el camino hacia una sucesión dinástica que convierte a Nicaragua en un feudo político. «Este modelo representa un retroceso histórico en el ámbito jurídico, abandonando su carácter de Estado Democrático para someterse completamente a la «revolución» como única fuente de legitimidad y normatividad», indicó el comunicado de GCON.
Esta estructura, añaden, no merece ni debe ser reconocida por instancias internacionales, multilaterales o intergubernamentales.
«Con esta imposición, la dictadura sandinista no solo profundiza la consolidación de un autoritarismo absoluto, también se eliminan las garantías democráticas, la prohibición de la tortura y se despoja a la sociedad nicaragüense de toda posibilidad de autodeterminación, soberanía y de aspiración a una democracia verdadera2, concluye el comunicado.
Nicaragua estado forajido
Desde Monteverde indicaron que con su nueva Constitución los tiranos pretenden legitimar y fortalecer su modelo represivo, sistemático y generalizado de violación a los derechos humanos mediante el control absoluto de las fuerzas armadas y de los órganos del Estado.
«A través de su nueva Constitución los dictadores pretenden extender su mandato y aumentar sus facultades para perpetuarse en el poder e instaurar su dinastía y convirtieron a Nicaragua en un Estado forajido que infringe el derecho internacional y violenta los convenios y tratados en materia de derechos humanos y compromisos democráticos», sostuvieron.
Seguir denunciando
Hacer valer el derecho del pueblo de Nicaragua a dotarse libremente de una
Constitución que defina su estatus político, su forma de gobierno, su modelo de
desarrollo económico y social, que responda a sus intereses, garantías y
libertades.
Impulsar la convocatoria de elecciones democráticas, en un proceso libre,
transparente y observado por la comunidad internacional, para elegir una
Asamblea Nacional Constituyente con la participación de todas las fuerzas
políticas, tanto internas como externas, que le devuelva al pueblo nicaragüense
su derecho a la autodeterminación. Dicha Asamblea redactaría una nueva
Constitución, a través de una amplia consulta ciudadana, que se someterá a un
referéndum para ratificar la voluntad popular.