Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, Ghren, indico en una entrevista con la Deutsche Welle que la orden de captura emitida por un juez argentino en contra de los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y 10 criminales más del régimen, genera una enorme «descalificación» internacional.

«El desvalor que se expresa a través de una orden de captura internacional derivada de una acusación, es infinitamente mayor al de una sanción administrativa y ese es el verdadero alcance de esta decisión de la justicia argentina con ésta acción», dijo Simon.

Ariel Lijo, juez federal argentino emitió una orden de captura el 30 de diciembre de 2024 en contra de los dos tiranos y el paramiltar y corrupto Gustavo Porras; al jefe del ejército sandinista, Julio César Avilés Castillo; al jefe de la guardia sandinista, Francisco Díaz; a la exministra de Salud del régimen, Sonia Castro; al asesor dictatorial Néstor Mocada Lau; al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; al director del INSS, Roberto López; al inspector general del ejército, Óscar Valladares y al salamero ministro de Transporte, Óscar Mojica.

Asimismo han sido incluidos como victimarios el comisionado general de la Policía, Ramón Avellán; el secretario general de la Alcaldía de la dictadura en Managua, Fidel Moreno; la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez; la destituida presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos; y la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.

¿Captura se hará efectiva?

«Para verlos tras las rejas tendrían que salir del país y eso es algo que no va a suceder», dijo Simon al ser consultado si creía que la orden de captura se haría efectiva en algún momento.

«Pero en el futuro podrá ser parte de una acción penal con todo el material probatorio que sustenta esta orden de captura y será en una jurisdicción internacional como la de Argentina o en el mejor de los casos, si se da una transición democrática, la misma justicia de Nicaragua sea la que lleve adelante el caso», añadió.

El jefe del Ghren, aseguró que el país se ha convertido en un “espacio sin límites para la arbitrariedad” tras la última reforma constitucional que ha suprimido el Estado de derecho para reemplazarlo por un “régimen de control absoluto”, cuyo poder reside en Daniel Ortega y Rosario Murillo.

¿Revolución? ¿Cual?

El experto calificó a Ortega como un dictador al estilo de Somoza que ha traicionado a la revolución sandinista de 1979.

“Nadie en su momento habría pensado que después se convertiría el señor Ortega en un dictador casi dinástico, al estilo de Somoza, en donde el partido es la familia, la familia es el partido y el Estado es tanto la familia y el partido”, dijo.

“La reforma constitucional ha convertido al país en un espacio sin límites para la arbitrariedad del poder”, aseguró al criticar cómo la eliminación de controles democráticos profundiza la dictadura.

“Lo que vemos es la desaparición del Estado de derecho, reemplazado por un régimen de control absoluto”, explicó. La reforma constitucional indica que todos los poderes del Estado estarán controlados por la Presidencia de la República que ahora tiene dos “copresidentes”, en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para Simon, el propósito de estas medidas es claro: “Lo que observamos en Nicaragua no es un caso aislado, sino un sistema cuidadosamente diseñado para reprimir y controlar”. El experto subrayó que estas reformas consolidan un régimen donde las instituciones estatales, como el Poder Judicial, han perdido completamente su independencia, convirtiéndose en herramientas de persecución contra la oposición.

El impacto en los derechos humanos

Desde 2018, cuando estallaron protestas masivas contra el régimen de Ortega, Nicaragua ha sido escenario de una intensa represión. Las reformas constitucionales se suman a un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Simon denunció que los opositores políticos son “sometidos a condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y juicios sin garantías legales”.

Además, recordó que cientos de ciudadanos han sido privados de su nacionalidad y obligados a abandonar el país. “Las víctimas de este régimen tienen derecho a justicia, verdad y reparación”, recalcó Simon, enfatizando la urgencia de documentar las violaciones y proteger a quienes han sido afectados.

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