La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, rechazó la orden de captura internacional librada por un juez argentino contra el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, su consorte criminal Rosario Murillo y 12 criminales más por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El régimen de Maduro tachó de «ilegal e ilegítima» la orden de detención internacional que considera una «clara operación de ‘lawfare’ diseñada para agredir a un Gobierno legítimo y soberano».
«Esta ridícula acción, basada en falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y de sectores opositores antisandinistas, demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención», expresó el régimen venezolano. Juez argentino ordena captura contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y una docena de criminales más
La perorata y el berreo
A su juicio, «tal agresión responde a una estrategia sistemática que busca socavar la soberanía de los Estados independientes y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales en nombre de supuestos principios de derechos humanos».
«Venezuela rechaza categóricamente el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos, una maniobra que viola los principios fundamentales de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados consagrados en el derecho internacional», agregó el Gobierno chavista.
Desde 2022, el juez federal Ariel Lijo tramita una causa contra Ortega y Murillo abierta a partir de una denuncia presentada, entre otros, por el abogado argentino Dario Richarte, quien, en X, dijo que, tras «casi dos años y medio de investigación, el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional» de los funcionarios nicaragüenses.
En una resolución de 76 páginas, Lijo pide la captura internacional con fines de extradición de Ortega, Murillo y el resto de los imputados para ser indagados por la Justicia argentina por «graves violaciones contra los derechos humanos».
De acuerdo al escrito judicial, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un «plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil» que se valió «de la estructura del aparato estatal» y cuyo objetivo «era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes»