Un juez argentino ordenó el lunes la captura internacional del dictador Daniel Ortega, su consorte Rosario Murillo y una docena de funcionarios de la dictadura, por graves violaciones de derechos humanos cometidos desde abril de 2018 en Nicaragua, informó el abogado Darío Richarte, quien emprendió la acusación en contra de los tiranos y compañía hace más de dos años.
También se acusa al presidente de la asamblea sandinista, Gustavo Porras; al jefe del ejército sandinista, Julio César Avilés Castillo; al jefe de la guardia sandinista, Francisco Díaz; a la exministra de Salud del régimen, Sonia Castro; al asesor dictatorial Néstor Mocada Lau; al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; al director del INSS, Roberto López; al inspector general del ejército, Óscar Valladares y al salamero ministro de Transporte, Óscar Mojica.
Asimismo han sido incluidos como victimarios el comisionado general de la Policía, Ramón Avellán; el secretario general de la Alcaldía de la dictadura en Managua, Fidel Moreno; la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez; la destituida presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos; y la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.
«Luego de casi dos años y medio de investigación el Juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos», confirmó el abogado Richarte en su cuenta de X.
La declaración indagatoria, por su parte, es la primera oportunidad que tiene una persona para defenderse cuando es acusada, aunque la parte acusatoria da por descartada la participación de la dictadura en el proceso.
«Hecho histórico», dice Richarte
Richarte calificó la resolución judicial como un “hecho histórico” en declaraciones a Infobae y destacó que “marca un antes y un después en materia de justicia universal”. “Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, afirmó.
“Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, aseguró.
El proceso penal contra Ortega-Murillo y sus cómplices fue impulsado por Darío Richarte y su colega Diego Pirota. Fue radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Nro. 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y de la Fiscalía Nro. 3, a cargo de Eduardo Taiano, y se tramita bajo el expediente 2981/2022.
En otro juzgado, se encuentra radicado un segundo proceso penal en tribunales de justicia de Argentina. Este fue radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Número 7, a cargo del juez Sebastián Casanello y está bajo el expediente 165/2023.