El Departamento de Estado de Estados Unidos, sancionó a 20 funcionarios de la dictadura sandinista que han tenido que ver con el robo y la destrucción de las universidades públicas y privadas en Nicaragua.
La sanción se dio a conocer en un informe al Congreso sobre personas extranjeras que a sabiendas, han participado en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de dicha corrupción en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.
El informe dice que de conformidad con el artículo 353(b) de la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos, en su forma enmendada, este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y al Comité Judicial del Senado.
Razones específicas
La sección 353(b) requiere la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas: personas extranjeras que el Presidente haya determinado que han participado a sabiendas en:
(1) acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas; (2) en casos significativos de corrupción; y (3) en la obstrucción de las investigaciones sobre tales actos de corrupción, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluyendo los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el blanqueo de capitales; y actos de violencia, hostigamiento o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
El 21 de junio de 2021, el presidente Joe Biden delegó su autoridad en virtud de la Sección 353 al Secretario de Estado Antony Blinken. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal.
Este informe incluye a las personas que se ha determinado que han participado en la actividad relevante sobre la base de información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes.
Aquí la lista de sancionados
A continuación los sancionados de la dictadura sandinista en el Consejo Nacional de Universidades, CNU, a su servicio y en las universidades que se inventaron después de destruir las públicas y privadas, para convertirlas en cuarteles de adoctrinamiento político.
Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU nicaragüense, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomando el control de la UCA y de al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU nicaragüense, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y de al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Isaías Hernández Sánchez, Director de Planificación y Desarrollo del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
También al CNEA y los de la «Casimiro»
Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Nivea del Socorro González Rojas, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Francisco Martín Jácamo Ramírez, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Luz Marina Ortis Narváez, La vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.
Moisés Ignacio Palacios, Secretario General de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político sandinista FSLN de Ortega.
Los de la antigua Upoli
Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o las instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas del partido político sandinista FSLN de Ortega.
Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o las instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
María Alejandra Martínez Guadamuz, Secretaria General de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los docentes y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Johana Elena Torrez Mendoza, rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el FSLN de Ortega partido.
José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el FSLN de Ortega partido político.
De las otras «universidades» inventadas
Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
José Elías Álvarez, secretario general de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos democráticos o las instituciones que participaban en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional, padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
Claudia Patricia Jovel Castillo, Secretaria General de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El Departamento también sigue examinando información y denuncias adicionales fidedignas relativas a la corrupción o las actividades antidemocráticas y utilizando todas las autoridades aplicables, según proceda, para garantizar que se niegue a los funcionarios corruptos o antidemocráticos un refugio seguro en los Estados Unidos.