Amnistía Interrnacional afirmó en su reporte anual 2024, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cierra el año con una estrategia de represión más refinada y sistemática contra cualquier forma de disidencia en Nicaragua, que incluye a opositores y hasta a sus propios seguidores que sean considerados una amenaza.
“La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo,” afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Desde líderes indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y cualquiera que sea visto como un riesgo para las políticas del gobierno, las autoridades siguen consolidando el clima de miedo en el que disentir se castiga con cárcel, exilio o desaparición”, añadió.
De acuerdo con el análisis presentado en el documento se confirma el perfeccionamiento de un patrón estatal que inició en 2018 con el uso de la fuerza letal contra manifestantes y que hoy se expresa en el destierro, la privación arbitraria de la nacionalidad y el desmantelamiento absoluto de la sociedad civil.
«El acoso, hostigamiento y el uso indebido del derecho penal que inicialmente se dirigía contra manifestantes, activistas, opositores políticos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y lideres indígenas, se ha ido extendiendo a la sociedad en su conjunto, afectando a cualquier persona percibida como una amenaza para las políticas o narrativa estatal», indica el documento.
El informe refiere que el régimen ha perfeccionado leyes que sirven de fachada para justificar la persecución de personas defensoras de derechos humanos y la cancelación de la personalidad jurídica de miles de organizaciones civiles.
Describe en detalle la consolidación de un andamiaje legal y represivo que va desde ejecuciones extrajudiciales hasta la criminalización de opositores políticos, líderes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo indígenas.
A pesar de las excarcelaciones en 2023 y 2024, el organismo internacional denuncia que numerosas personas aún permanecen detenidas en condiciones deplorables.
En este sentido, la sistematicidad de las violaciones evidenciadas y documentadas por diversos mecanismos internacionales apunta a la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
El informe destaca que la comunidad internacional debe intensificar la vigilancia sobre Nicaragua y brindar protección a quienes huyen del país.
Amnistía Internacional pidió a la dictadura cumplir con sus obligaciones internacionales, liberar de inmediato e incondicionalmente a quienes han sido detenidos arbitrariamente por expresarse en contra del régimen, así como a poner fin al hostigamiento y la criminalización de voces críticas.
Califican a Rivera como «preso de conciencia»
AI nombró a Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, como «preso de conciencia» y llama a las autoridades nicaragüenses a disponer su libertad inmediata e incondicional. A la vez, la organización emitió una declaración pública en la que continúa denunciando el modelo represivo del gobierno de Daniel Ortega, que ha sumido a Nicaragua en una crisis de derechos humanos sin precedentes y que sigue profundizándose luego de seis años.
“Ejercer sus derechos y disentir de las políticas gubernamentales lo convirtió en blanco de la maquinaria represiva. Su caso refleja cómo las autoridades han mantenido una política de intolerancia y castigo a cualquier voz crítica”, explicó Ana Piquer. Prisión política: Nicaragua, Cuba y Venezuela
Rivera se suma a cientos de personas que, durante los últimos seis años, han sido encarceladas injustamente en Nicaragua por ejercer sus derechos. “Al declararlo preso de conciencia, reafirmamos que nadie debería ser privado de su libertad por defender sus derechos. Esta designación es un reconocimiento a las decenas de personas que permanecen privadas de su libertad o en condición de desaparecidas por ejercer pacíficamente sus derechos y a todas aquellas personas que desde el exilio forzado continúan resistiendo y luchando por un país que respete y proteja los derechos humanos”.
Finalmente, el documento concluye que la situación en Nicaragua no sólo compromete los derechos humanos de su población, sino que también constituye un desafío para la estabilidad regional, al generar desplazamientos forzados y exilio masivo.