La alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU, Nada Al-Nashif, presentó la actualización oral sobre la situación en Nicaragua y afirmó que «reina un clima severo y represivo», al punto que la Constitución del país se ha reformado para legalizar actos que constituyen aplastamiento de libertades.
«Desde la última actualización de este Consejo en septiembre, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado deteriorándose. Reina un clima severo y represivo. En los últimos meses, las reformas han apuntado a concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes», dijo Al-Nashif.
La alta Comisionada Adjunta de la ONU, dijo que estos acontecimientos han socavado aún más los controles y equilibrios democráticos y han profundizado la represión del espacio cívico, generando más miedo y ansiedad entre los nicaragüenses, incluidos los exiliados.
«Las reformas legales promulgadas recientemente amplían significativamente las facultades del Estado para enjuiciar ciertos delitos, incluso cuando las conductas en cuestión pueden haberse cometido fuera de Nicaragua, dirigidas contra personas y organizaciones de la sociedad civil percibidas como críticas del gobierno», indicó Al-Nashif.
Estas leyes, explicó la alta funcionaria de la ONU, redefinen los delitos para incluir la actividad en las redes sociales que «induce al pánico» o amenaza la «estabilidad social». Al clasificar la ciberdelincuencia como delincuencia organizada, autorizar la confiscación de activos y conceder acceso sin control a los datos personales por parte de la policía. Estas leyes , indicó, allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos y una alarmante erosión de los derechos fundamentales.
El impacto del golpe de Estado a la Constitución
Al-Nashif dijo que las reformas constitucionales propuestas por la dictadura y que ya aprobadas en primera legislatura el mes pasado, si se aprueban, erosionarán aún más el estado de derecho.
«Las disposiciones claves permitirían la injerencia del ejecutivo en los poderes legislativo, judicial y electoral. Es probable que las disposiciones ambiguas restrinjan indebidamente derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es particularmente atroz», aseguró. ¿Qué alcance tienen las reformas constitucionales en Nicaragua?
Asimismo dijo que los cambios propuestos buscan ampliar y fortalecer los poderes del gobierno para despojar a las personas de la ciudadanía y confiscar activos, que ya es una herramienta ampliamente utilizada de represión arbitraria contra los críticos y disidentes del gobierno.
De hecho, subrayó, desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados oficialmente de su nacionalidad, lo que ha convertido a muchos de ellos en apátridas, y sus bienes han sido confiscados. Han sido expulsados y dejados en condiciones precarias en el extranjero. Muchos otros no pueden establecer su nacionalidad nicaragüense porque el gobierno se niega a renovar sus pasaportes o emitir documentación en el extranjero, borrando su identidad legal e impidiendo sus conexiones con su país de origen.
Por ello Al-Nashif dijo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, instó a los legisladores a rechazar las reformas constitucionales propuestas durante su segunda lectura en enero y a que toda la legislación incompatible con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos sea revocada o modificada en consecuencia.
Persecusión incontenible
La detención arbitraria de presuntos opositores políticos, líderes indígenas, defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes religiosos sigue siendo generalizada.
Según organizaciones de la sociedad civil, 76 personas siguen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, entre ellas al menos 20 miembros de comunidades indígenas. Según informes, en los últimos días de noviembre, al menos 30 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas tres menores de edad. Además, al menos 10 personas fueron obligadas a abandonar Nicaragua en noviembre, bajo amenaza de detención y enjuiciamiento.
En un hecho preocupante, dijo Al-Nashif, que la Corte Suprema ordenó el despojo de la nacionalidad y los bienes de las 135 personas expulsadas a Guatemala en septiembre pasado, por lo que ahora también se enfrentan a la apatridia y a una grave vulnerabilidad.
Agregó que la información obtenida por la oficina del Alto Comisionado revela un patrón consistente de violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, terribles condiciones de detención y tortura física y psicológica, incluyendo privación del sueño y denegación de atención médica.
En ese sentido destacó como «casos ilustrativos»: Angélica Chavarría, pareja del fallecido general retirado del ejército sandinista, Humberto Ortega, quien falleció el 30 de septiembre en un hospital mientras se encontraba detenido, se encuentra desaparecida desde el 19 de mayo de 2024.
Se desconoce el paradero de Brooklyn Rivera, de 72 años y miembro de la Asamblea Nacional en representación de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente, y de Steadman Fagoth Müller, de 71 años, quien era asesor presidencial en asuntos indígenas en el momento de su detención el 14 de septiembre de 2024.
Del mismo modo, también se ha ocultado el paradero del ex coronel Víctor Boitano (63 años).
Por ello Al-Nashif pidió la liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, incluidas las detenidas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión. Aseguró que todas las personas acusadas deben tener acceso a un juicio justo y a las debidas garantías procesales. «Y la desaparición forzada, la tortura y los malos tratos deben cesar de manera inequívoca».
Las comunidades indígenas
También destacó que continúan los ataques contra miembros de comunidades indígenas por parte de colonos (colonos) en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, incluido el asesinato de dos miskitos el 8 de noviembre. Los casos denunciados de violencia sexual contra niños indígenas presuntamente cometidos por los colonos son muy preocupantes.
La Oficina también expresó su profunda preocupación por la detención arbitraria de ocho guardias forestales mayangna pertenecientes a comunidades indígenas, algunos de los cuales están detenidos desde 2021, y pide su liberación inmediata. Las autoridades, dijo Al-Nashif, deben tomar medidas proactivas para prevenir la violencia, incluida la violencia sexual, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes de todos estos incidentes, haciendo rendir cuentas a los responsables.
La alta Comisionad Adjunta, señaló que estos acontecimientos están profundizando la crisis de derechos humanos del país, a expensas de su población. «La protección del espacio cívico y democrático y la reconstrucción de los cimientos del estado de derecho son cruciales para el restablecimiento de los derechos humanos, incluida la garantía del retorno seguro de todos los nicaragüenses en el exilio. Es de interés para el pueblo nicaragüense que el Gobierno retome la senda democrática y que promueva un diálogo significativo y constructivo con este fin», dijo.
Por ello, señaló que la Oficina del ACNUDH hizo un nuevo llamamiento a la comunidad internacional, incluidos todos los Estados que participan en la región y tienen influencia, para que intensifiquen sus esfuerzos para apoyar estos objetivos. La Oficina también reitera su compromiso de brindar asistencia técnica a Nicaragua.