El Gobierno de Estados Unidos alertó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que responderá a cualquier intento de evadir las sanciones impuestas por sus acciones represivas en Nicaragua.
La advertencia fue confirmada a Expediente Público por un portavoz del Departamento de Estado, quien subrayó que las medidas punitivas seguirán vigentes y se reforzarán en caso necesario.
“Seguimos monitoreando cualquier actividad que evada las sanciones y respondemos en consecuencia”, declaró el funcionario, en alusión a la reciente aprobación en Nicaragua de la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas (Ley 1224).
Esta legislación busca contrarrestar las restricciones internacionales que pesan sobre altos funcionarios y entidades vinculadas al régimen.
Ley 1224: un desafío a las sanciones
La Ley 1224, aprobada por diputados bajo servidumbre de la dictadura familiar, califica las sanciones internacionales como «violaciones a la soberanía nacional» y declara su “inaplicabilidad” en el territorio nicaragüense.
Además, la norma incluye reformas al sistema financiero para obligar a los bancos a prestar servicios a personas y entidades sancionadas, un movimiento que ha generado inquietud en el sector bancario y entre observadores internacionales.
El régimen también aprobó reformas constitucionales para extender los mandatos del dictador, la co-dictadora, y los jefes del ejército y la policía de la dictadura, consolidando su control sobre todas las instituciones del Estado.
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Sanciones: herramienta clave contra el autoritarismo
Desde 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones contra 51 personas y 11 entidades nicaragüenses, mientras que el Departamento de Estado ha restringido visas a más de 1,750 personas.
Según el vocero estadounidense a Expediente Público, estas acciones están dirigidas a “entidades e individuos que apoyan y facilitan la opresión por parte del régimen de Ortega y Murillo”.
“El objetivo de nuestras sanciones es promover la rendición de cuentas de quienes impiden el retorno a la democracia y perpetúan la represión en Nicaragua”, señaló el portavoz al medio digital.
El régimen de Ortega también enfrenta sanciones similares de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza.
Impacto y riesgos de las reformas
Las modificaciones legales impulsadas por Ortega han puesto al sistema financiero en una situación compleja.
Las reformas a la normativa de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) obligan a los bancos a establecer medidas especiales para atender a sancionados, bajo supervisión de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estas disposiciones podrían aumentar la presión internacional sobre el sistema financiero nicaragüense.
“La implementación de estas leyes y reformas a la Constitución despoja a los nicaragüenses de sus derechos y aísla aún más a Nicaragua en el ámbito internacional”, advirtió el vocero del Departamento de Estado.
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Preocupación internacional
Expertos y organismos internacionales han criticado las maniobras de Ortega como intentos desesperados de esquivar el impacto de las sanciones.
Freedom House denunció que estas medidas son un reflejo del patrón autoritario que también se observa en regímenes como el de Venezuela.
Estados Unidos reiteró su compromiso de utilizar herramientas diplomáticas y económicas para presionar al régimen orteguista y garantizar que los responsables de la represión en Nicaragua enfrenten consecuencias internacionales.
La administración de Joe Biden ha subrayado que cualquier acción que intente eludir las sanciones será respondida con firmeza.