Con la misma velocidad con la que el régimen de Daniel Ortega aprueba leyes improvisadas, esta semana dio un giro que bien podría clasificarse como olímpico: reculó con su propia ley antisanciones.
Tres días después de promulgar con bombos y platillos la Ley 1224, que obligaba a los bancos nacionales a brindar servicios financieros a sancionados internacionales, la dictadura se retractó parcialmente, enviando un mensaje para tranquilizar a la banca nacional… y, sobre todo, a sus corresponsalías internacionales
La Ley 1224, bautizada con cínicamente como «Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas», pretendía desafiar a la comunidad internacional y empujar al sistema financiero local a ignorar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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Superintendente sancionado sobre ley antisanciones
Sin embargo, lo que no previeron los «genios» legislativos del oficialismo fue que la banca internacional no opera al ritmo de los caprichos soberanistas del régimen, sino al compás de las estrictas normativas globales que permiten el acceso a los mercados financieros.
Ante el revuelo generado y el riesgo inminente de que los bancos locales quedaran completamente aislados del sistema financiero internacional, el también sancionado Superintendente de Bancos de la dictadura, Luis Ángel Montenegro, emitió una circular el 27 de noviembre en la que, en esencia, anulaba el espíritu de la recién aprobada ley.
El documento instruyó a las instituciones financieras a «mantener las regulaciones contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo», recordándoles que cumplir con las normativas internacionales sigue siendo prioridad, incluso si la ley nacional pretendía lo contrario.
Según expertos, este comunicado es una elegante forma de admitir que, en la práctica, las leyes antilavado internacionales y los contratos privados con las corresponsalías bancarias tienen más peso que cualquier arrebato legislativo impulsado por el oficialismo.
Curiosamente, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, defensor acérrimo de la ley y sancionado por violación de derechos humanos, intentó justificar el desaguisado sugiriendo que los contratos con bancos extranjeros «no pueden estar por encima de la Constitución».
En medio de llantos, histeria y con voz casi masculina, Wálmaro instó a los bancos nacionales a buscar «maromas» y «peripecias» para cumplir con las disposiciones del régimen sin alienar a las corresponsalías internacionales.
Sancionados no pudieron…
Mientras tanto, en los pasillos de la banca, la ley ya se percibe como otra demostración de la desconexión del régimen con la realidad global, un espectáculo que mezcla soberanía de cartón con un pragmatismo de último minuto.
El resultado: una circular que, con un tono más diplomático, les dice a los bancos «hagan lo que tienen que hacer para que no nos cierren el grifo».
Así, la dictadura sandinista continúa navegando entre sus fantasías de desafío internacional y la realidad de un sistema financiero que, para bien o para mal, no está dispuesto a jugar a la ruleta rusa con su propia supervivencia.
Luego de gritar con orgullo que las sanciones eran «medallas» y golpearse el pecho con fingido dramatismo (menos Wálmaro, que sí parece dramático y muy sensible), los sancionados ahora quieren recuperar sus cuentas, sus capitales mal habido y seguir como si nada hubiera pasado, pero no pudieron…