El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expresó este lunes su alarma ante los extensos cambios constitucionales aprobados por la Asamblea Porcina, que otorgan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amplios poderes que profundizan el deterioro de los derechos fundamentales en el país.
La enmienda, ratificada el 22 de noviembre, extiende el mandato de cinco a seis años, eleva el rol de la co dictadora —ocupado por Rosario Murillo, mujer de Ortega— al rango de “copresidenta”, y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa.
También introduce disposiciones que permiten la suspensión de derechos fundamentales en estados de emergencia y facilita la intervención militar en funciones policiales bajo criterios ambiguos de “estabilidad” del Estado.
Expertos destacan anulación de Poderes del Estado
“Esta reforma, la duodécima desde que Ortega retomó el poder en 2007, apunta a consolidar un control total y sin restricciones sobre Nicaragua”, señaló Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
Simon advirtió que el nuevo texto constitucional, que sustituye referencias explícitas a «poderes del Estado» por «órganos coordinados por la Presidencia», formaliza la supresión de la separación de poderes.
“Con estas medidas, se consagra un sistema donde la independencia entre los órganos del Estado es prácticamente inexistente”, destacó en una nota de prensa.
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Llamado de los expertos a la Comunidad Internacional
El Grupo de Expertos pidió a la comunidad internacional intervenir para presionar al régimen nicaragüense a restaurar los principios democráticos y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Después de haber prácticamente erradicado el periodismo independiente en Nicaragua, el Gobierno ha eliminado ahora la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación”, ha declarado Simon.
“La eliminación de la prohibición de censura representa un ataque frontal a los pocos espacios de libertad que aún quedaban en el país”, agregó Simon.
“Asimismo, la eliminación del respeto a la dignidad humana como principio constitucional coloca a Nicaragua en contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos, debilitando aún más la protección de sus ciudadanos”.
Preocupaciones internacionales
El Grupo de Expertos subrayó que estas reformas tienen implicaciones nefastas para el pueblo nicaragüense, consolidando un entorno autoritario en el que los derechos fundamentales quedan supeditados al poder discrecional del régimen.
Desde su creación en 2022, el Grupo de Expertos ha documentado múltiples violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la persecución de periodistas, la represión de la sociedad civil y la eliminación de garantías democráticas.
Esta última reforma, aseguran, agrava una crisis que mantiene al país aislado de la comunidad internacional y bajo vigilancia permanente.
Un infierno dictatorial en Nicaragua
Las reformas se producen en un momento en que el régimen de Ortega enfrenta críticas internacionales por la expulsión de obispos, la persecución a periodistas, el desmantelamiento de organizaciones no gubernamentales y el encarcelamiento de opositores políticos.
Estas medidas consolidan lo que los expertos describen como “un estado policial absoluto”.
El Grupo de Expertos instó a los gobiernos de la región y a las organizaciones internacionales a no permanecer indiferentes ante el avance autoritario en Nicaragua, reiterando que el respeto a los derechos fundamentales y la restauración de un sistema democrático son esenciales para el futuro del país.
La aprobación de estas reformas representa, según el Grupo, «un punto de inflexión en la deriva autoritaria del régimen».