El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua representan una “sentencia de muerte” para las libertades fundamentales y el estado de derecho en el país centroamericano.
Según el alto funcionario, las draconianas leyes solo consolidan el control de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Si se adoptan, estos cambios serán la sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua, erosionando aún más los ya profundamente frágiles controles y equilibrios que aún quedan en el ejecutivo”, afirmó Türk en un comunicado difundido por su oficina.
La Asamblea Nacional, controlada completamente por el oficialismo, aprobó el viernes una serie de enmiendas que refuerzan el poder de Murillo como “copresidenta” y subordina todos los poderes del Estado al régimen Ortega-Murillo.
Entre los cambios destaca la extensión del mandato presidencial a seis años, el fortalecimiento del monopolio sobre los medios de comunicación y la eliminación de la referencia al pluralismo político en la Constitución, limitándolo a aspectos sociales y culturales.
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Masacre de derechos en Nicaragua
Las reformas, justificadas bajo el argumento de promover el “bienestar”, incluyen restricciones a la libertad de expresión, tanto en contextos públicos como privados, y representan un retroceso sin precedentes, según denunció Türk.
“La propuesta de despojar a la Constitución de su compromiso con el pluralismo político es una señal profundamente escalofriante de cara a las elecciones generales de 2026”, aseveró el Alto Comisionado.
De hecho, de adoptarse las reformas, ya ni elecciones habría en 2026 porque al prorrogar su estadía un año más serían en 2027.
Sin embargo, debido a que el régimen tendría el poder de interpretar la ley, alegaría que a partir del 10 de enero de 2025 empezarían a correr los 6 años de extensión, por lo cual de facto se entronarían hasta 2031, con lo cual Ortega, de 79 años, llegaría al poder con 85 años.
Y si el dictador muere, lo sustituiría Murillo, de 77 años, quien tendrá la facultad de nombrar vicepresidentes a sus hijos y prorrogar la dinastía por varias décadas.
Otro de los puntos más alarmantes es la eliminación de la prohibición explícita de la tortura en la Carta Magna. “La tortura es ilegal en cualquier contexto, y una medida tan retrógrada para eliminar la protección jurídica existente contra ella es profundamente alarmante”, subrayó.
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Despojo de ciudadanía y represión arbitraria
Las reformas también amplían las facultades del régimen para despojar de su ciudadanía a los nicaragüenses, una práctica que, desde febrero de 2023, ha dejado apátridas a al menos 546 personas, muchas de las cuales han perdido propiedades, cuentas bancarias y pensiones.
Esta medida, según Türk, es “una herramienta de represión arbitraria contra los críticos y disidentes del Gobierno”.
Türk instó a los legisladores a rechazar las reformas en su totalidad y pidió al régimen de Nicaragua que abandone su implementación.
“Las propuestas son extremadamente preocupantes y representan un ataque directo a los derechos humanos y la democracia en Nicaragua”, concluyó.
Las reformas, de ser ratificadas en enero de 2025, consolidarían aún más el poder dinástico del régimen Ortega-Murillo, dejando al país en un estado de mayor vulnerabilidad frente a la represión y la falta de garantías democráticas.