La asamblea porcina de los Ortega Murillo, mejor conocida como La Chanchera, aprobó este viernes la reforma constitucional golpista que refuerza el sometimiento de todos los poderes del Estado a la dictadura Ortega-Murillo.
La reforma, que en realidad es una nueva constitución que incrementa la censura sobre los medios de comunicación, extiende el período presidencial a seis años y oficializa las figuras de «copresidente» y «copresidenta», consolidando aún más el poder de la criminal de lesa humanidad Rosario Murillo, quien ejerce ese rol de facto.
El paquete de reformas, impuesto con carácter de urgencia por la dinastía Ortega-Murillo, fue ratificado en primera legislatura gracias al servilismo de la bancada oficialista en el Corral Legislativo.
Aunque la Constitución exige dos periodos legislativos para su entrada en vigor, todo apunta a que las modificaciones serán formalizadas en enero de 2025, asegurando la perpetuación del régimen.
La oposición ha denunciado que estas reformas institucionalizan el control absoluto de la dictadura, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la medida como otro paso hacia la consolidación de un Estado totalitario.
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Concentración total del poder
Entre las modificaciones destacan la extensión del mandato presidencial y de los diputados de cinco a seis años, además de permitir que los «copresidentes», figuras creadas para legitimar el poder de Murillo, designen vicepresidentes sin consulta popular.
La reforma también prohíbe postularse a cargos públicos a quienes hayan sido declarados «traidores a la patria», una categoría utilizada para reprimir a opositores, incluidos los más de 300 líderes desterrados y despojados de su nacionalidad en febrero de 2023.
Censura y militarización institucional
La dictadura refuerza su control sobre los medios con nuevas disposiciones que prohíben divulgar lo que consideran «noticias falsas», una estrategia que ya se aplica con la Ley de Ciberdelitos desde 2020.
Además, formaliza la subordinación del Ejército y la Policía Nacional a la Presidencia, autorizando la ocupación de cargos civiles por parte de militares y policías en «momentos de crisis».
El régimen también institucionaliza a los paramilitares como «Policía Voluntaria», formada por militares encubiertos, fanáticos sandinistas y policías de civil, para reprimir cualquier manifestación social, como las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
Eliminación de la separación de poderes
La reforma elimina cualquier apariencia de independencia entre los poderes del Estado, estableciendo que la Dictadura coordinará directamente los órganos legislativo, judicial, electoral y regional.
La Asamblea Porcina queda reducida a un apéndice del régimen, sin capacidad para ejercer control alguno sobre el Ejecutivo y ahora, legalmente, a ser sus serviles a sueldo.
Un Estado al servicio de la dinastía
La reforma define al Estado como «revolucionario» y convierte la bandera de la organización terrorista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en un símbolo patrio, profundizando la confusión entre partido y Estado.
En un intento de legitimar su poder frente a sanciones internacionales, el régimen insiste en su adhesión a un supuesto «nuevo orden multipolar», mientras sigue instrumentalizando conceptos como soberanía y autodeterminación para justificar sus violaciones a los derechos humanos.
Con esta reforma, la dinastía Ortega-Murillo consolida su dominio absoluto sobre Nicaragua, transformando al país en un feudo donde la ley responde únicamente a los intereses de la pareja gobernante, mientras sofoca cualquier esperanza de democracia o justicia.