El régimen de Daniel Ortega y su perversa pareja Rosario Murillo propuso en su golpista reforma constitucional suprimir el derecho a la protección contra la tortura, en una medida que organizaciones de derechos humanos califican como un retroceso inédito y una afrenta a los principios básicos de la dignidad humana.
El artículo 36 de la actual Constitución Política de Nicaragua establece que “nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Sin embargo, la reforma impulsada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, derogará esta garantía, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a posibles abusos del poder.
Desde 2018, cientos de nicaragüenses han denunciado torturas físicas y psicológicas tras ser arrestados por participar en protestas contra el gobierno.
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Diversos testimonios ampliamente documentados incluyen abusos sexuales, golpizas, arrancamiento de uñas, mordeduras de perros y confinamientos prolongados en celdas oscuras por parte de policías, militares y paramilitares.
“Es indignante que un Estado que firmó la Convención contra la Tortura esté legalizando su permisividad”, denunció el grupo Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua (UDJ), que recordó que este es uno de los pocos derechos absolutos que no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia.
Anulan protección contra tortura a adolescentes
La reforma también busca eliminar el artículo 35, que actualmente protege a los menores de edad de ser sometidos a procedimientos judiciales.
Con este cambio, los adolescentes mayores de 13 años podrán ser procesados bajo la “justicia penal especial del adolescente”, una medida que amplía las facultades punitivas del régimen sobre una población especialmente vulnerable.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), advirtió que estas reformas consolidan un Estado “sin garantías ni derechos básicos”.
Ellos recalcaron que la tortura no es solo una herramienta de represión, sino un mecanismo de control que busca infundir terror en una sociedad ya golpeada por la persecución, el exilio y la censura.
La sola extensión de la dictadura ya es una forma de tortura masiva
Nicaragua, sometida a una dictadura desde enero de 2007, se enfrenta ahora a un nuevo modelo de régimen que desmantela sistemáticamente los pilares de la democracia.
De acuerdo con los organismos de derechos humanos, la derogación del derecho a no ser torturado no solo refleja el endurecimiento de la represión, sino también el aislamiento internacional de un régimen que ignora sus compromisos con tratados y derechos fundamentales.
La propuesta de reforma, presentada por el dictador Daniel Ortega, introduce modificaciones trascendentales en más de 100 artículos de la Constitución Política de Nicaragua.
Entre las enmiendas destaca la extensión del período presidencial y el de los alcaldes del país a seis años, así como la formalización del cargo de “copresidenta”, una función que Rosario Murillo, la despótica pareja del tirano, ha deseado
Esta reforma constitucional consolida las transgresiones que Ortega ha llevado a cabo desde su retorno al poder en 2007, incluyendo la concentración absoluta del control sobre los poderes del Estado, los cuales, al menos en teoría, mantenían la independencia.